Al tomar la posesión material del inmueble, cuyo dominio y posesión es objeto de un proceso reivindicatorio en tramitación, la recurrida incurrió en un acto de autotutela ilícita.
El fallo define el interés superior del niño como el conjunto de elementos necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto.
La actora acompañó declaraciones juradas dando fe de los hechos narrados en su libelo.
La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.
El fallo considera que las restricciones a los derechos de los demandantes tuvieron como finalidad castigarlos por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos e impedir la continuidad de sus actividades.
Se debe realizar una revisión constante de la normativa para evitar que circunstancias no previstas en ella frustren la finalidad protectora del Derecho del Trabajo.
Los recurrentes consideran que la Comunidad Autónoma se atribuyó poder propios del Estado.
La circunstancia que se priorice a aquellos funcionarios a honorarios que cumplen servicios de naturaleza habitual en la institución de que se trata, no merece reproche de ilegalidad o arbitrariedad.
El Estado no observó la debida diligencia en la regulación y fiscalización en materia ambiental. La CIDH concluye que el Estado peruano es responsable por la violación.
En cada uno de estos reglamentos se aprobaron algunas normas que resultan preocupantes, pues contrarían el marco jurídico vigente que rige a la Convención Constitucional, vulneran ciertos derechos y libertades y anticipan definiciones y/o limitan discusiones que deberían producirse en el debate de fondo.
