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A requerimiento del INDH.

Corte de Arica acoge recurso de amparo a favor de un extranjero privado de libertad.

“arbitraria, por cuanto y aun cuando la autoridad administrativa puede adoptar medidas restrictivas de libertad de las personas respecto de quienes dispuso su expulsión, las mismas no pueden exceder del plazo de 24 horas”, más si no existe “ningún motivo para haberla dispuesto, sin que el mero decreto sea suficiente para ello”

20 de marzo de 2013
No se produce vulneración a las leyes reguladoras de la prueba.

CS rechazó recurso de casación en el fondo contra sentencia que no hizo lugar a demanda de indemnización de perjuicios contra el Servicio de Salud Concepción.

no cabe sustentar un recurso como el de la especie en preceptos constitucionales o de tratados internacionales, por cuanto éstos “se limitan –al menos en las materias que aquí interesan- a establecer principios que luego son desarrollados en normas de inferior jerarquía como son las leyes, siendo éstas las susceptibles de ser analizadas por medio de la casación en el fondo”.

20 de marzo de 2013
Por no dirigirse en contra de la norma decisoria litis.

CS desestimó casaciones en el fondo en contra de dos sentencias de la Corte de Santiago que rechazaron reclamaciones de multas impuestas por el ISP.

“se fundó en lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, norma que se refiere al plazo de prescripción de las acciones ordinarias -el que corresponde a 5 años”, no obstante lo cual “el recurso no se extendió a la eventual infracción de la mencionada norma, la que reviste en el caso de autos la calidad de decisoria litis”.

20 de marzo de 2013
Se trata de una política social errada.

LyD cuestiona el bono marzo.

el gasto para el financiamiento del aporte, alcanza a los 200 millones de dólares, equivalentes al 25% de la reforma tributaria, que podrían ir destinados a “financiar políticas de educación”

19 de marzo de 2013
Intervienen parlamentarios.

TC deberá pronunciarse si admite a trámite inaplicabilidad que impugna norma del Código Civil que impide reparar el daño puramente moral causado contra el honor o crédito de una persona derivado de imputaciones injuriosas.

«el precepto impugnado al limitar las indemnizaciones pecuniarias concediéndolas sólo cuando resulte acreditado el respectivo daño emergente o el lucro cesante, impide el íntegro resarcimiento del daño efectivamente ocasionado, por expresiones contrarias a su honra»

19 de marzo de 2013
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