El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de casación en el fondo deducidos por la Municipalidad de Santiago en contra de la sentencia dictada, en junio pasado, por la Corte de Apelaciones.
El Tribunal de alzada acumuló a la causa caratulada: Francisco Chahuán Chahuán contra Empresa Nacional de Petróleos, Enap S.A., ingresada el pasado 27 de agosto, los once recursos posteriores que se encuentran en tramitación.
La sociedad de la información exige de todos quienes la componemos una actualización constante y ágil de las demandas tecnológicas que hoy en día dominan nuestros contextos personales y profesionales, y el desarrollo de otras habilidades para un efectivo aprendizaje.
Los dineros, incluidos en la partida del Ministerio de Educación, serán destinados al financiamiento del sistema de Gratuidad, pago de becas y fortalecimiento del sistema público educacional.
El Tribunal desestimó la demanda presentada en contra del canal por la emisión de reportaje sobre irregularidades en empresa de servicios turísticos en la venta y comercialización de la modalidad vacacional denominada tiempo compartido.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, que ratificó la multa de 591 UTA que deberá pagar la empresa por no cumplir los programas comprometidos en Andacollo, Combarbalá, La Serena, Los Vilos, Ovalle, Salamanca y Vicuña.
Si bien el análisis no permite descartar por completo que la cercanía con proyectos sociales tenga efecto sobre la plusvalía de viviendas de mayor estándar, lo cierto es que, al menos a nivel de tendencias de crecimiento, su presencia no parece tener incidencia.
Saleh Higazi, director adjunto del organismo para Oriente Medio y el Norte de África, aseguró que otro conflicto armado podría acelerar el hundimiento total de Gaza; la ONU ya ha advertido de que la vida en Gaza será imposible en 2020.
La entidad sostuvo que el derecho sobre los datos personales fue recientemente reconocido por la Constitución, pero que la Ley de Datos Personales aún no se actualiza -data de 1999- y no tiene herramientas suficientes para hacer cumplir con las disposiciones de la normativa.
El requirente estima vulnerados la igualdad ante la ley, la propiedad y el debido proceso.
