Las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en materia de medidas sanitarias, deben ser revisadas en sede de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Además, la decisión no guardo relación con las capacidades profesionales de la actora reflejadas en los estudios y perfeccionamiento acreditados.

La falta de pago impidió que se examinara el fondo de una acción de indemnización por daños interpuesta por el demandante.

La medida adoptada por el Tribunal Supremo del Partido, corresponde a una facultad privativa consagrada en sus estatutos.

Al omitir las autorizaciones previas que exige la ley, la autoridad otorgó un trato que ha perjudicado al actor, vulnerando la garantía consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución.

Contravienen el derecho de tutela judicial efectiva.

Al retener estos montos, la recurrida infringió lo estatuido en la Ley 21.248, que prescribe explícitamente que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal.

Los ministros disidentes estuvieron por disponer la reincorporación del actor, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo.

Por tanto, el plazo de interposición de la acción de protección debe contarse desde que se efectuó el último descuento de la cotización correspondiente al plan de salud.

La presencia de un abogado defensor tiene por finalidad garantizar que la declaración se prestó de manera deliberada y consciente, lo que no obsta a que su voluntad pueda ser aclarada en la audiencia de juicio por otras vías.