Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador.

En su sentencia, la Corte hace presente que, de los informes evacuados por las instituciones recurridas, aparece que la omisión que se les reprocha se encuentra ajustada a la ley.

En su sentencia, el Tribunal de alzada adujo en esencia que, el problema planteado se produce por la distinta interpretación que las partes dan a las bases del concurso.

La Contraloría señala que según aparece en el acta que contiene los cargos formulados al peticionario, las conductas investigadas tendrían relación con faltas a la probidad y no por las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo.

El Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de la Corporación.

El Tribunal de alzada revocó la resolución que había dejado sujeto al menor a las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, sustituyéndolas por la internación provisoria en un centro cerrado, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada revocó parcialmente la resolución apelada y confirmó en todo lo demás la resolución impugnada por el Ministerio Público y la parte querellante.

En la sentencia se señala que el Ejército vulneró garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y propiedad, tras ser desvinculados de la rama castrense por «necesidades institucionales”, a fines de 2015.

Ricardo Lagos Weber explica que el Ejecutivo es quien concurre a la formación de las leyes y atiende la emergencia y recalca que la disposición a convocar al Senado existe en todo momento, pero siempre y cuando sea para realizar un trabajo concreto y no sólo una acción populista.

El fallo señaló “que la declaración de inobservancia del Programa, y el consiguiente reinicio del procedimiento sancionatorio, constituye una decisión debidamente motivada, y acorde al incumplimiento de las acciones constatadas por la SMA”.