La gestión pendiente que invoca está constituida por un reclamo sustanciado ante la Segunda Sala de la Corte Suprema (Rol Nº 9547-2010) interpuesto en contra del acto administrativo que decreto su expulsión del territorio nacional, dictado por la Intendencia Metropolitana fundado en que habría ingresado al país con documentación falsificada.Las normas objetadas disponen, en síntesis, […]

La requirente aduce que si se sujeta la concesión del recurso de apelación a la consignación previa exigida por la norma legal objetada se vulnerara su derecho al recurso, el debido proceso y la garantía general de que el legislador no puede afectar los derechos en su esencia.

Las personas que se encuentren en alguna de las circunstancias referidas “deberán solicitar, por escrito, al Servicio Electoral que se les autorice a emitir su sufragio desde el extranjero”, constituyendo cada Consulado “una circunscripción electoral en el extranjero”.

La iniciativa tuvo su origen en mensaje ingresado a trámite parlamentario en junio de 2006, luego de que la reforma constitucional de 2005 estableciera que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública –integradas solo por Carabineros e Investigaciones-, y existen como fuerza pública para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

La iniciativa ha sido valorada en cuanto establece como un derecho fundamental la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos para que acudan en igualdad de condiciones a los tribunales, si se considera que hasta ahora la ley garantiza la defensa jurídica sólo a los imputados pero que no les reconoce el mismo derecho a las víctimas.

La sentencia, en sucesivos apartados, examina la expropiación en nuestro sistema constitucional, la relevancia de la indemnización y la fórmula nacional de la indemnización -daño patrimonial efectivamente causado- que establece el texto constitucional.

La sala designada por el Presidente el TC admitió a trámite la impugnación, pero para el solo efecto de pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento. A tal fin confirió traslado a las partes recurridas en dicha gestión, oportunidad, además, en que negó lugar a la suspensión del aludido proceso.Los requeridos, al evacuar el traslado, instaron […]

«El artículo impugnado no guarda relación alguna con el descuento del 2% para el pago de licencias, pues los recursos descontados por concepto de cotización obligatoria de salud van a un fondo solidario, que además es incrementado con recursos públicos, del cual se deducirían contablemente los recursos que van al pago de las licencias médicas».

El recurso denunció la infracción a una serie de normas constitucionales relativas al principio de juridicidad, competencia de los órganos del Estado, entre otras.

Cita también el Código de Ética del Colegio Médico de Chile, para destacar que «el aborto procede solamente cuando se cumplen las condiciones siguientes: a) se efectúe como medida terapéutica; b) la decisión sea aprobada por dos médicos escogidos por su competencia; y c) la operación sea efectuada por un médico especialista”.