que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulnera el artículo 5° de la Carta Fundamental, además de sus derechos a un racional y justo procedimiento.
el grave problema que afecta algunas casas de estudio y al no poder ser solucionado por la entidad acreditadora, “debe ser derivado a los organismos reguladores de las relaciones de consumo”, pero a juicio de los autores del proyecto de ley y por tratarse de un “derecho básico de primera importancia”, este problema debe ser asumido por el Estado.
«vulnerarían sus garantías constitucionales, en particular, su derecho al debido proceso, referido a los principios que deben informar a todo procedimiento racional y justo, toda vez que tales disposiciones establecen brevísimos plazos -en una sola audiencia- para acompañar antecedentes probatorios».
“los antecedentes tenidos a la vista, constata que durante el transcurso de la investigación nunca se puso en duda que el suceso ocurrió el 25 de marzo de 2.012. En verdad, no se divisa de qué manera pudiera haberse producido una confusión, por la mera circunstancia de un error de referencia como el que da pábulo a la cautela. Los protagonistas del accidente y el contexto en que se lo sitúa, exhiben coherencia y concordancia en cuanto a todos sus referentes, incluso la fecha”.
la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada
“teniendo el Estado la obligación de prestar un servicio, la misma se extiende a que sea prestado de manera diligente y oportuna”, lo que en la especie se verifica al quedar establecido que “en la realización de la pericia existió incumplimiento de la técnica y metodología que la rige”
«quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por estimar que concurre en la especie la causal prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, al no resultar decisivos en la gestión pendiente los preceptos impugnados».
es fundamental agilizar la tramitación del proyecto y lograr un consenso social que permita dar una solución jurídica efectiva a las 2 millones de personas que se encuentran conviviendo y que evidentemente contempla a parejas del mismo sexo que “se encuentran movidas por relaciones afectivas”.
“Que acorde con lo que se ha expuesto no existe un derecho constitucional del actor que haya sido afectado en su legítimo ejercicio, requisito esencial para la procedencia de esta acción cautelar, razón por la que el recurso no puede prosperar”.
«el apoyo debe incrementarse en el caso de las jóvenes embarazadas que se encuentren estudiando –en cualquier nivel- especialmente por la comunidad educativa, con el objeto de otorgar todas las facilidades para su desenvolvimiento en sus quehaceres académicos».
