“No se contó con un informe técnico que otorgue fundamentos a la decisión impugnada, y que contenga datos ciertos acerca del grado de congestión, específicamente en los centros de reclusión de la región, para en definitiva explicar por qué el traslado de un sentenciado de Rancagua en concreto y por qué mandarlo a Puerto Montt y no a una ciudad más cercana”.

“el artículo 33 del Código Procesal Penal autoriza al imputado requerido por el tribunal para ausentarse, comunicándolo y justificando su inasistencia, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”

“privando de libertad las infracciones graves en materia de propaganda; el aumento de las multas en las hipótesis que se indica y una norma especial sancionatoria respecto al financiamiento de las campañas políticas, consistente en la disminución de los aportes del Estado”.

“asiste al amparado el derecho a gozar del beneficio de la media prescripción que consagra el artículo 103 del Código citado y, al no habérsele reconocido, se inhibió la posibilidad de disminuir la pena impuesta”.

“una expectativa probable de que, en caso de divulgarse los documentos solicitados –desatendiendo el acuerdo de confidencialidad–, se produjera un perjuicio en las relaciones internacionales de Chile respecto de los demás países negociadores del TPP, afectando, de esa forma, la posición del Estado de Chile en una negociación de carácter internacional en desarrollo, pudiendo razonablemente causarse un daño a los intereses económicos y comerciales del país”.

“la alegación de fondo del recurso –se sancionó dos veces un hecho idéntico- carece de los supuestos fácticos que le sirvan de sustento”,

«el proyecto en revisión no responde a razones que justifiquen afectar la concepción de una normativa objetiva y general aplicable en el orden educacional, al postergar por otros dos años una regla de probidad, cuyo objetivo es supervisar que los aportes públicos se inviertan efectivamente en el mantenimiento y desarrollo de los establecimientos educativos beneficiados por el Estado».

“a diferencia de lo que se afirma en el recurso, el fallo impugnado mantuvo los considerandos del fallo confirmado y agregó otros que contienen las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva en relación a la decisión de acoger la demanda interpuesta”.

«el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros del pueblo Sarayaku, por no haber desactivado totalmente el riesgo generado por la introducción de explosivos en el territorio».

“no permite compatibilizar un pacífico ejercicio de los derechos y libertades de cada uno de los habitantes”.