la norma del artículo 19 citada precedentemente no distingue y sólo habla de resoluciones que no se ajusten a la ley, a los reglamentos o a las demás disposiciones que deba aplicar la Superintendencia
“cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma, que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto, en la forma prevista por la ley».
“una resolución razonada y debidamente fundada”, por lo cual “sólo cabe concluir que no han incurrido los jueces en alguna de las conductas que la ley reprueba y que haga necesario el uso de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.
“los encargados de empresas debidamente autorizadas que operen sistemas de filmación y grabación, ya sea en bienes nacionales de uso público, tales como calles, avenidas, carreteras, autopistas, caminos, plazas y parques, o en recintos debidamente delimitados en que se registra concurrencia masiva de público, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, rodoviarias y de carga”
“no era lógico pensar que si el paciente estaba en buenas condiciones pasara en menos de diez horas a un estado de riesgo vital, por lo que presumieron que en el alta no se observaron las reales condiciones médicas y físicas del paciente ni los riesgos propios de la cirugía a la que fue sometido, calificando esta conducta de imprudente y descuidada y constitutiva de falta de servicio en la prestación médica post operatoria”.
ha resuelto en oportunidades anteriores, atendido el mérito de cada caso particular, que si un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar, resulta impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite, procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida
“no existen además actos arbitrarios o ilegales cometidos por parte de la Municipalidad” y descartó expresamente cualquier vulneración de derechos fundamentales.
la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que, de aplicarse las normas impugnadas y ordenarse en definitiva la entrega de sus antecedentes, se afectarían derechos constitucionales, entre otros, el respeto y protección de la vida privada, como también se violentará el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que estén garantizados por tratados internacionales ratificados por Chile, como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica.
“mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley será de cargo exclusivo de los municipios”, sin perjuicio de que “para los efectos de contribuir a su financiamiento, el Fisco aportará a las municipalidades, durante los años 2012 y 2013, la cantidad de $ 6.000.000.000.- (seis mil millones de pesos), en cada uno de dichos años”
la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que la fianza de resultas no es compatible con la igualdad procesal, en la medida que no tenga una justificación constitucional, a la luz del debido proceso.
