“que la acción discriminatoria ejecutada por la sociedad demandada, reviste el carácter de arbitraria, pues no nos encontramos en presencia de una ‘distinción, exclusión o restricción razonable’, fundada en el derecho que le reconoce al efecto el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, pues el permitir el acceso sólo a parejas heterosexuales no encuentra justificación alguna en relación al giro de la sociedad».

“al igual como ocurre en otros países, las cédulas deben contener al lado del nombre de cada candidato, una fotografía reciente del mismo”.

“la campaña comunicacional estuvo disponible en diversos medios de comunicación durante el periodo programado, sin que fuera suspendida su difusión».

«el nuevo texto legal, establece y regula un sistema de elecciones primarias para ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de elección popular indicados, en virtud de lo dispuesto en el número 15° del artículo 19 de la Constitución Política».

“Es insuficiente para acreditar el hecho que el recurrido haya efectuado el cierre del camino vecinal de la manera que señalan los recurrentes”.

“las Municipalidades se encuentran facultadas para cobrar derechos por los permisos que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía pública, o que sea vista y oída desde la misma”

«el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida».

“Ya fue resuelto por la Contraloría General de la República, por lo que en la actualidad no existe una amenaza o quebrantamiento de derecho constitucional alguno”.

“el patrocinio gratuito de personas de escasos recursos en causas deducidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituye para aquéllos un deber que se enmarca en el desempeño de la función pública encomendada por la ley a esas entidades y que, además, tiene por objeto hacer efectiva la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso tercero, de la Constitución Política de la República”.

«el libelo no se plantea un conflicto de constitucionalidad, sino que una cuestión de mera legalidad, en la medida que el requerimiento se sustenta en la determinación del sentido y alcance que debe darse a la competencia del Tribunal de Garantía de los Andes a partir del tratado internacional aludido, alegándose como infringidas un conjunto de disposiciones del Código Orgánico de Tribunales».