La calificación de la pérdida de capacidad laboral es un derecho que asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren vinculadas y es el medio para acceder a los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral.

En la especie se ha dado cumplimiento a los requisitos generales de la delegación administrativa, la que está expresamente permitida por el artículo 100 letra e) de la ley 20.529, por lo que no se configuró un vicio en la especie

Nadie que haya nacido en el país, aun a pretexto de que sus padres incumplen la legislación migratoria, puede ser privado del derecho a la nacionalidad, previenen tres ministros.

El “automatismo” causado por la sobredosis de una droga provoca que el individuo pierda el control de sus actos y, por lo tanto, en tal circunstancia es posible inferir que no ha querido causar daño.

Todas las traducciones deben tener la calidad suficiente para garantizar la imparcialidad del procedimiento.

El proceso al que fue sometida la actora y que derivó en su pérdida de calidad de afiliada, se efectuó de acuerdo a las normas que rigen a la organización comunitaria, por lo que no se advierte una vulneración a garantías constitucionales.

El proceso del examen de conducir, y todo aquello relacionado a la obtención de la licencia, debe elevarse al más alto rigor, pues es un deber de primera necesidad atender la prevención de accidentes de tránsito.

El demandado acusó de forma genérica la infracción de normas sin puntualizar en ningún yerro de derecho, concentrándose en atacar el concepto de “demencia” mencionado en la Ley N°18.600 y no las normas que influyeron en el fallo impugnado.

Aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio, de manera que la actividad de los funcionarios estatales ha de ser considerada propia del Estado, quien debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso impetrado por las demandadas en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, que les ordenó el cese inmediato del comportamiento antijurídico, bajo apercibimiento; arbitrar todas las medidas conducentes para el traslado de la denunciante a un establecimiento del Servicio de Salud Valparaíso y el pago de una indemnización de $12.000.000 por concepto de daño moral.