“la alegación esencial del recurso –no haber incurrido en cobros indebidos a los clientes de la empresa ni haber desoído una orden impartida por el organismo fiscalizador- carece de hechos que le sirvan de sustento”

«en cuanto a la impugnación de la disposición octava transitoria de la Constitución Política, procede declarar la inadmisibilidad, por no ser procedente respecto de preceptos que no tengan rango legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC».

«se constata que no se explica en parte alguna cuáles son los elementos contaminantes que se generarán en el ambiente a consecuencia del proyecto aprobado por el acto administrativo que se recurre y que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental, tal como lo exige el constituyente y el legislador para la tutela jurisdiccional del referido derecho”.

“si se estimare que se hizo aplicación del inciso 5ª del artículo 127, precedentemente señalado, como pretende el recurrido en su Informe de fojas 100, cabe señalar que, asimismo, esta norma, en el caso en análisis no autorizaba la Baja inmediata que se dispuso, pues para que ello tuviera lugar era necesario: 1) que el funcionario inculpado confesara su responsabilidad, lo que en el presente caso no ha ocurrido, sino que por el contrario la ha negado, o bien; 2) que la responsabilidad del funcionario se hiciera evidente, lo que tampoco ha tenido lugar, considerando al efecto que la propia institución Policial en su Informe manifiesta que junto con la adopción de la medida disciplinaria se ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo, mediante Orden Nº 03972, de fecha 12 de octubre de 2012”

«se incurre en un error de derecho al acoger la excepción de nulidad de la obligación, por cuanto al realizar la sociedad ejecutada actividades gravadas con patente municipal debió haberse rechazado dicha excepción».

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.”.

«examinadas las actas de sesiones, se verifica que las objeciones de constitucionalidad manifestadas en el curso de los debates no se refieren a las normas sometidas a control preventivo de constitucionalidad señaladas en el considerando pertinente de la sentencia y que, en cambio, sí se refieren a los asuntos ventilados en los procesos roles N°s 2386, 2387 y 2388 de esta Magistratura, motivo por el cual no corresponde que sean resueltas en este fallo».

el criterio administrativo original para distinguir a extranjeros transeúntes, que no pueden optar a la nacionalidad chilena de conformidad al artículo 10 N° 1 de la Constitución, de los que no lo son, ha sido modificado, “dejándose de considerar la permanencia continuada igual o superior a un año y prefiriéndose, en cambio, como elemento principal, el de la residencia”.

«el principio de realización de la actividad minera da un perfil más concreto a la función social de la propiedad minera, en la misma Constitución y no en la legislación como ocurre con los otros tipos de dominio, lo cual se refleja en el procedimiento judicial para la constitución de las concesiones mineras, otorgándole características especiales que apuntan a su celeridad y pronta conclusión».

“la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado; mientras que el acreedor es el Ministerio de Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad, tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Chilesat S.A. era la única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal”.