De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el dictamen N° 43.709, de 2010, se ha manifestado que a los funcionarios a contrata no les asiste tal beneficio.
Los recurrentes señalaron haberse infringido la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El Servicio de Salud en su oportunidad le informó que se harían las consultas pertinentes a la Superintendencia de Pensiones; sin embargo, no tuvo el requirente ningún tipo de respuesta.
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el derecho a la integridad psíquica, pues al restringir la indemnización del daño moral se impide la protección de su honor y honra.
El recurrente estimó haberse vulnerado, en primer lugar, su derecho de propiedad y la libertad de realizar cualquier actividad económica.
La gestión pendiente incide en autos sobre reorganización empresarial, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Los Andes, solicitado por el mismo requirente.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
En su sentencia, el máximo tribunal sostuvo que las recurridas actuaron de manera arbitraria, antojadiza, caprichosa y carente de razón.
La requirente estima que el precepto impugnado transgrediría la igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar una actividad económica.
El llamado a las personas es a comprar sólo en el comercio establecido y a exigir la boleta para poder sus derechos en caso de cualquier incumplimiento.
