La jueza aplicó una norma que no se encontraba vigente al momento de la emisión del fallo. Así, se evidencia la vulneración al derecho a probar de la actora, toda vez que los medios probatorios ofrecidos en su recurso de apelación no fueron admitidos en función a una norma derogada.
Los senadores Castro González, Macaya, Chahuán, Órdenes y Latorre apuntan a perseguir a quienes comercialicen fármacos en lugares no habilitados como también la falsificación de éstos.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al aplicar la sanción, ya que la instalación fue autorizada por la municipalidad.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que rechazó la demanda de reclamación administrativa que buscaba dejar sin efecto cuatro multas por el no pago de horas extraordinarias, no informar a los trabajadores los riesgos de sus labores y la forma correcta de su ejecución, no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y por no suprimir los factores de peligro de aplastamiento por desprendimiento de material en la faena que terminó con vida de un trabajador. Las multas impuestas por el ente fiscalizador ascienden a un total de 160 UTM.
La Sala del Senado aprobó gran parte del articulado del proyecto que es considerado una de las reformas más sustantivas al Código Penal en la materia. La votación continuará el próximo martes con las indicaciones y normas que se solicitó votar separadamente.
En la sesión las ministras del Interior y Defensa explicaron los alcances de la norma y aclararon inquietudes por parte de las y los parlamentarios.
Además, se incluye un nuevo inciso que permitiría a los uniformados no obedecer órdenes que “lesionen la dignidad humana”.
La indicación modifica el quórum mínimo a un seis por ciento para presentar iniciativas populares de ley y permite al Presidente patrocinar las iniciativas que sean de su exclusiva competencia.
El Presidente será elegido por la misma Corte, de entre sus miembros, y durará en sus funciones dos años, no pudiendo ser reelegido.
El inciso final del artículo 69 regula una materia reservada a una norma orgánica constitucional al incidir sobre la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. No procede emitir pronunciamiento sobre las demás disposiciones ya que solo abordan cuestiones procedimentales.
