A la fecha del pronunciamiento de la resolución que declara desierta la apelación de la reclamante, se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica, que eliminó la carga procesal de hacerse parte en segunda instancia dentro del plazo de cinco días desde el ingreso de los autos a la Secretaría.

Devienen en la existencia de un vínculo laboral entre las partes, teniendo en consideración que se trata de una prestación de servicios que en la faz de la realidad concreta, no puede entenderse como un cometido específico, principalmente por su extensión temporal.

Se ha denegado a la parte afectada el derecho a que el tribunal superior se pronuncie sobre el fondo del recurso.

El máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y rechazó los recursos de casación en el fondo, deducidos por las partes en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que estableció la falta de servicio del centro asistencial.

La defensa no pudo articular una respuesta y justificar el incumplimiento que le imputa Gendarmería lo que afectó su derecho a un debido proceso.

El demandante no logró acreditar que el Servicio de Salud haya prestado un servicio deficiente.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.

El recurrido efectivamente incurrió en un acto ilegal, constitutivo de una discriminación en perjuicio de los recurrentes.

La sentencia aprobó los gastos ejecutados por el Partido respecto de talleres que estaban programados después del 18 de octubre de 2019.

La Corte indicó que, es la institución recurrida quien debe explicar, cómo se ha generado el crédito que se cobra al recurrente, debiendo haber acompañado la documental necesaria.