La internación de una persona debe estar debidamente justificada por la gravedad de su estado, y solo procede cuando la persona represente un peligro para sí o para terceros.
El proyecto finalizó su tramitación en el Congreso Nacional y el Ejecutivo anuncio que no usará la facultad de veto. El Tribunal Constitucional debe ejercer el control preventivo y obligatorio sobre las normas de rango orgánico constitucional antes de sea promulgado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial.
El documento fue despachado el pasado 29 de septiembre por el pleno de la Convención.
El máximo Tribunal consideró que se justifica aplicar la sanción máxima que estipula la ley, por el daño irreparable ocasionado al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.
La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.
El informe presentado a la Fiscalía analiza la responsabilidad penal individual de aquellos superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.
Las causales de término del vínculo laboral deben ser establecidas y acreditadas a través de una breve investigación.
El imputado ingresó junto a otros sujetos, quienes se apoderaron de especies de propiedad del establecimiento con las cuales los sujetos se dieron a la fuga, en un contexto de saqueo masivo y mientras se incendiaban algunas de las dependencias, y ocasionaron daños en la estructura, mobiliario, decoración e instalaciones en general, encontrándose personal y pasajeros en el interior del recinto.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución que condenó a Contreras Tamayo como cómplice del delito, al descartar que haya tenido una participación directa en los hechos.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, hizo una correcta interpretación de derecho al confirmar la de primer grado que acogió la demanda.
