«efectúa un trato diferenciado, al prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas del país, excepto cuando los solicitantes sean pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas o comunidades indígenas, es decir, respecto de estos sectores, se privilegia por sobre los demás sin justificación alguna, sobre todo si los requisitos exigidos por la ley N° 20.017, se referían a una característica del objeto pedido, y no a una característica de los solicitantes, a diferencia de lo que ocurre con la Ley N° 20.411, que si lo hace».

El precepto legal en la parte impugnada ordena “dictar en el plazo de los tres días subsiguientes” la sentencia.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre denuncia de obra nueva minera de que conoce el Juzgado de Letras de Pozo Almonte.El requirente estima que de aplicarse la norma reprochada se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre […]

En días pasados, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó -en general- el proyecto de ley, iniciado por moción, que pretende elevar sanciones en caso de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte. En la instancia, la precitada Comisión también aprobó en […]

“la buena vecindad, en el ánimo de ser constructivos, no pasa por la vía de modificaciones intermitentes de límites, sino por la permanente apertura económica, comercial y de inmigraciones entre los países”, lo que “permiten generar un nuevo clima de confianza mutua y colaboración”.

la Cámara de Diputados propuso y el Senado aprobó la designación de los abogado y profesores de Derecho Constitucional, don Gonzalo García Pino (es renovado en su cargo) y don Juan José Romero (reemplaza al ex Ministro Marcelo Venegas). Finalmente, enfatiza en que hace apenas una semana, fueron nombrados como Ministros del TC por el Presidente de la República, a la abogada doña María Luisa Brahm Barril (reemplaza al ministro Viera-Gallo) y al abogado y profesor de Derecho Administrativo a don Iván Aróstica Maldonado (es renovado en su cargo).

«la regulación contenida en el artículo 206 del Código Civil no resulta idónea al objetivo de que se pueda investigar libremente la paternidad, que se propuso el legislador, pues con miras a resguardar la paz y armonía familiar de los herederos del supuesto padre o madre, termina anulando el derecho a conocer la identidad personal para quienes se encuentran fuera de los supuestos de la norma impugnada: los hijos cuyo padre o madre fallece después de los ciento ochenta días siguientes al parto y aquellos que se enteran de la identidad de su progenitor y pretenden ejercer la acción de reclamación respectiva después de los tres años contados desde su muerte o desde que hayan alcanzado la plena capacidad».

“la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en error de derecho al determinar que las acciones entabladas son improcedentes. En atención a lo concluido, resulta inoficioso analizar la denuncia de infracción de disposiciones legales atinentes a la prescripción de la acción de nulidad relativa”.

“que así las cosas, al haberse efectuado una errónea calificación jurídica de los hechos de la causa, por cuanto se estimó como falta de servicio una situación que no lo era, los magistrados de la instancia aplicaron erróneamente a la litis lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece la falta de servicio, y ello amerita que la sentencia impugnada deba ser anulada, por cuanto el error en que se ha incurrido determinó el acogimiento de una demanda que debió ser rechazada, de tal manera que dicho yerro ha tenido influencia sustancial en lo resuelto. Atendido lo recién expresado resulta innecesario analizar las demás infracciones legales atribuidas por el recurso”.

los actos administrativos impugnados no son ilegales ni arbitrarios “por cuanto fueron dictados por la autoridad competente, la cual actuó dentro de sus funciones y se encuentran debidamente fundamentados, tanto en los hechos como el derecho”.

«la afectada por la Resolución no puede defenderse de las consecuencias que le traen las imputaciones que le hace la autoridad de ser su salud incompatible con el desempeño de su cargo, basada en el lapso que obtuvo licencias médicas ante la enfermedad común que padeció”.