cuando lo solicitado declarar inaplicable sea una interpretación manifiestamente inconstitucional y que rectamente interpretada adquiere su sentido natural dentro de aquellos compatibles con la Constitución.

“prescribe que el litio queda reservado al Estado, por así exigirlo el interés nacional”, lo que se exceptúa en los casos expresamente establecidos en dicho decreto, y por último reafirmado en la Ley N° 16.319 que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear donde el litio ya sea “extraído, y los concentrados, derivados y compuestos de aquellos y éste, no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la Comisión Chilena de Energía Nuclear».

el tribunal rechazó la demanda de indemnización por daño moral, por estimar que ésta “no se encuentra regulada en el Código del Trabajo”, siendo que se contemplan otras sanciones para el caso de vulneración de derechos del trabajador con ocasión de su despido.

«en la legislación interna se ha definido el principio de que son imprescriptibles este tipo de delitos”, el mismo que se establece tras la “aprobación del Tribunal Penal Internacional como una instancia supranacional para investigar los delitos de Lesa Humanidad”.

En días pasados, el Centro de Estudios Públicos (CEP)  y la Corporación de Estudios para América Latina (CIEPLAN) publicaron un Informe conjunto titulado “Propuestas de Reforma a los Partidos Políticos Chilenos”. El informe parte de la constatación de una “preocupante caída en la adhesión y representatividad de los partidos, lo que redunda en una pérdida […]

“dicho órgano no cumple satisfactoriamente con las disposiciones relativas al registro, conservación y seguridad de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos, contenidas en el Decreto Supremo N° 77, lo que se ve ratificado por lo indicado en la respuesta dada a la reclamante y lo indicado en sus descargos, pues admite no contar con políticas de respaldo de los correos electrónicos de su personal”

“la reconsideración constituye una facultad del Alcalde o Jefe de la Corporación, mas no una obligación, por lo que no existe ningún derecho del recurrente para ocupar el cargo ni obtener el pago de las remuneraciones que reclama, circunstancia que se ve reforzada por no existir norma legal alguna que establezca tal efecto de silencio positivo, por la omisión de resolver la solicitud”.

“la concesión de la medida alternativa reclamada por el recurrente, en su caso particular, resulta ser una facultad que la ley le otorga al fiscal adjunto respectivo, de carácter discrecional, no obstante estar presente los requisitos establecidos en el artículo 237 del Código Procesal Penal”,

el Estado debe adoptar, dentro de los plazos acordados, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, al tiempo que se deberá implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros, entre otras medidas

“puesto que se trata en la especie de claros actos de intervención en la organización comunitaria, con la abierta finalidad de influir en la composición de su órgano directivo, instando por la destitución del presidente de la organización y la renuncia de sus demás miembros”.