Se proponen procedimientos de notificación y retirada de contenidos ilícitos, con información a los proveedores de los contenidos y ofrecimiento de la posibilidad de impugnar la decisión de retirada, incluyendo incluso la intervención de alertadores fiables sobre contenidos ilícitos.
Informe confirma la desafección de los ciudadanos hacia los organismos públicos y la permanencia de la llamada ?crisis de confianza? que afecta el país, pues un 86% considera ?que no se puede confiar en la mayoría de las personas?.
La Secretaría de Estado del Vaticano quiere que Infovaticana.com cierre y ha contratado para ello a uno de los despachos de abogados más poderosos del mundo, que no acepta ningún acuerdo que no pase por el cierre definitivo de este portal y la entrega del dominio InfoVaticana.com a su cliente.
El máximo Tribunal acogió el recurso de queja presentado por el municipio capitalino, en contra de los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dieron lugar a la reclamación deducida en contra de la resolución que denegó la concesión.
El Tribunal de alzada condenó, entre otros, a César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, a penas 12 años de presidio como autores de los delitos.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la parte recurrida publicó en la red social Facebook, en un perfil de acceso abierto, comentarios que afectan el derecho a la imagen y a la honra de los recurrentes.
El Tribunal de alzada acogió la demanda presentada por la empresa Ideal S.A. en contra de la difusión del reportaje: «Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?», del programa Contacto, condenando a Canal 13 a pagar $1.000.000.000 por concepto de lucro cesante, y $300.000.000 por daño moral.
Marcelo Drago calificó positivamente los mandatos de administración informados por Piñera, haciendo hincapié en que quienes asuman un cargo público, deben cumplir con esta y otras normas de probidad.
Los diputados expresaron su más rotundo rechazo a las acciones con las que el régimen del Presidente Nicolás Maduro desconoce las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que condenó a Jacob Nestinoble, a la empresa constructora Christian Ayala EIRL y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Quinta Región.
