El máximo tribunal otorgó al ministro Juan Antonio Poblete Méndez un plazo de 15 días para sus realizar descargos.
A través del oficio la Fundación solicitó al ministro Marco Antonio Ávila dentro de su agenda programática pueda evaluar el dar un vuelco al enfoque de los textos escolares bajo una perspectiva del respeto a los animales, sin tener que cosificarlos ni hacer apologías a la violencia y maltrato como el texto señalado.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la acción.
El primero, clasificado preliminarmente como cargo gravísimo, se relaciona con no haber efectuado el monitoreo de los niveles del acuífero inferior, en los términos exigidos en su permiso ambiental.
Se alega que, al no otorgar cobertura al seguro contratado, infringió el derecho de propiedad del asegurado, puesto que, por una parte, afectó los derechos que legítimamente adquirió al suscribir la póliza, y además lesionó su patrimonio al impedirle incorporar ingresos plenamente procedentes.
El máximo Tribunal dispuso que la recurrida deberá concluir la etapa de investigación del sumario seguido en contra del actor dentro del plazo de 30 días.
Con ello se afectan derechos adquiridos de la actora, incorporados a su patrimonio como correlato de la prestación de servicios, al tenor de la definición establecida por el artículo 5 letra d) y 93 y siguientes del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El acceso a la educación es más difícil cuando se trata de personas indígenas, existiendo un gran déficit respecto a la escolaridad por los sacrificios que implica tener que asistir a establecimientos educacionales sin poder estudiar dentro de sus territorios, siguiendo sus propias costumbres y respetando sus culturas.
Los dichos deben entenderse dentro de la retórica discursiva y metafórica de quien critica el actuar político de una autoridad de la cual es oposición.
No existe un derecho indubitado de propiedad si no se explica con claridad las demarcaciones y deslindes del predio en conflicto.
