“las críticas por haberse resuelto negativamente solicitudes de diligencias probatorias, o haberse redactado los cargos en términos genéricos imposibilitando un adecuado ejercicio del derecho de defensa”, aparecen más bien referidas a “una inobservancia de principios del debido proceso, no cautelado específicamente por medio del recurso de protección”.

(…) el recurso perdió “oportunidad, por lo que las diversas medidas que se piden por los recurrentes no pueden ser objeto de la acción constitucional”, atendido a que dichas declaraciones “sólo pueden ser implementadas y acordadas en un procedimiento declarativo, que debe ser tramitado en un juicio contradictorio de lato conocimiento”.

“la Cuenta Pública era el 4 de julio, pero en la nueva Carta Fundamental no se incluyó. Recién en 2005 se modificó y se incluyó en la Constitución, pero en la práctica no habría problemas para modificar la fecha”.

Un grupo de concejales de la Municipalidad de La Florida solicitó la destitución de los cinco ediles de la misma comuna que no han asistido a las 11 sesiones extraordinarias que han tenido por objeto elegir a un nuevo Alcalde, luego de la renuncia de Jorge Gajardo.Cabe recordar que la Contraloría General de la República […]

“no es posible identificar en el derecho internacional normas que se contrapongan con el derecho interno en lo que concierne a la prescriptibilidad de acciones civiles” provenientes de crímenes contra los derechos humanos, por lo cual la aplicación de las normas de prescripción “resulta legítima”.

“se hacen evidentes al examinar el actual mecanismo desde el punto de vista del delicado equilibrio que, a propósito del material bélico necesario para la defensa del país se debe lograr entre el control que la democracia exige de la discusión parlamentaria, la flexibilidad en el manejo de los recursos públicos y la estabilidad que necesita la defensa como política de Estado”, siendo la más preocupante que “el Congreso está excluido de la discusión”.

“tampoco cumple con los presupuestos que establece el artículo 27 de la Ley de Rentas Municipales para eximirla del tributo de patente municipal, desde que excede de los objetivos que dicho precepto prevé, lo que la convierte en una entidad que persigue lucro”.

Con todo, deja constancia en su acuerdo de los motivos que cada uno de los Ministros esgrimieron como fundamentos de sus votos.

(…)obligan “a los superiores jerárquicos a abstenerse de emitir juicios con antelación a que los Órganos del Estado tomen decisiones que les resultan privativas y autónomas”.

“la facultad de autorizar el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos”.