Se aduce que queda de manifiesto que el recurrente pretende discutir en sede disciplinaria un asunto ya resuelto a través de otros recursos legales.
El dictamen concluye que el castigo impuesto al individualizado funcionario se ajustó a derecho.
Los dineros provendrían principalmente, del arrastre de gastos no devengados en 2017; la sobre ejecución de gasto en algunas partidas, especialmente en salud; y los proyectos ingresados al Congreso no provisionados.
El organismo arguye que su respuesta confirma que la supervisión judicial y la observación de los derechos humanos en las cáRceles egipcias son inadecuadas e ineficaces.
Según cifras oficiales, Colombia, que había dado atención médica a un total de 1,475 de personas provenientes de Venezuela en 2015, cerró el año 2017 con un total de 24,720 atenciones a esa misma población.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por denegar la suspensión del procedimiento solicitada por la parte requirente.
A pesar de una sentencia del Tribunal de Contratación Pública que declare la existencia de un acto arbitrario e ilegal por parte del Estado en una licitación, es menester acreditar la correspondiente falta de servicio en sede civil.
El Tribunal sostuvo, en síntesis, que no se logró acreditar por el demandante, que carga con el peso probatorio.
La recurrente estimó haberse vulnerado el derecho a la integridad psíquica.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Colina, en actual conocimiento del Tribunal Oral en lo Penal de Colina.
