El órgano fiscalizador precisó que “que en la documentación acompañada por la requirente, no aparecen antecedentes que permitan acreditar la existencia de las circunstancias denunciadas».
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación de sanción administrativa, que conoce el Juzgado de Letras de Rengo.
El Tribunal de alzada capitalino por unanimidad descartó el reclamo, al razonar que la controversia se centraba en la interpretación de las Bases de la Licitación.
Se acogió un recurso de amparo en contra de la Comunidad de Madrid, deducido por una mujer que no pudo tomar posesión de una plaza al mismo tiempo que sus compañeros de promoción, por coincidir la fecha de inicio del curso con el nacimiento de su hijo.
El recurso, presentado por una comunidad indígena mapuche en relación con un proyecto de instalación en su comunidad de agua potable rural, alegaba que no se había llevado adelante una consulta de acuerdo a las exigencias del Convenio 169 de la OIT.
Los recurrentes estimaron que tal proceder resultaba arbitrario e ilegal, por cuanto el camino se encuentra afecto a declaratoria de utilidad pública y ha sido objeto de actos administrativos destinados a resguardar su uso.
Se pretende incluir además otras formas de disminuir la discriminación que suelen sufrir las mujeres en la vida pública.
Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.
La moción de los parlamentarios Ortiz, Robles, Tarud, Walker, el ex parlamentario Burgos, y el actual senador Harboe, busca que la entidad acreedora se haga cargo del alzamiento de los gravámenes.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, limitándose la Corte Suprema a confirmar la sentencia apelada sin modificaciones.
