«establece que los abusadores sexuales y los violadores queden inhabilitados a perpetuidad para trabajar en actividades que tengan vínculos con menores de edad, dado que en el delito de abuso sexual, por regla general, se ha demostrado que sus autores continúan cometiendo delitos de la misma especie y naturaleza y los márgenes de rehabilitaron son muy bajos».

La Sala del Senado aprobó –por unanimidad- el proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica gratuita a las víctimas de delitos.La enmienda, iniciada por moción de los senadores Espina, García, Prokurica, y de los ex Senadores Allamand y Romero (Véase relacionado), incorpora en el artículo 19 N° […]

» incluso la Contraloría General de la República se pronunció al efecto, al dictaminar que tales cierres no eran factibles por cuanto no existía norma legal expresa que autorizara las medidas de control de acceso y en qué condiciones, por tanto admitía con carácter de excepcional la posibilidad de que las municipalidades, en resguardo de la seguridad ciudadana, autorizaran el cierre de calles y pasajes de una sola entrada o salida.»

(…)la protección es “un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado” y no constituye “un juicio declarativo de derechos”.

“rechazó la propuesta de adjudicación a favor de la reclamante al no reunirse el quórum requerido”, por lo que al no haberse “obtenido un acuerdo favorable del Concejo el Alcalde estaba compelido a adoptar la decisión cuestionada”.

(…)no existe “ningún control sanitario que asegure la supuesta inocuidad de los gases que se emplean” y que “al no conocerse a ciencia cierta qué compuestos químicos contienen los gases lacrimógenos, es posible que en Chile se esté vulnerando la Convención de Naciones Unidas sobre Producción, Almacenamiento y Destrucción de Armas Químicas”.

(…) la declaración de intereses debe ser presentada por las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado que el mismo cuerpo legal indica “dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de asunción del cargo”, y que su artículo 60 A establece que sin perjuicio de la declaración de intereses “las personas indicadas en el artículo 57 deberán hacer una declaración de patrimonio”.

“solamente se puede acceder parcialmente a la información relativa a estas empresas”, siendo limitado “el acceso de la ciudadanía a la información” de las mismas, por cuanto se establece “que sólo es aplicable en su modalidad activa”.

El proyecto de acuerdo expone que con motivo de la polémica “tabla de de riesgos”, se han deducido “numerosos recursos ante los tribunales ordinarios” y ha sido objeto de varios “pronunciamientos del Tribunal Constitucional”; y que las Isapres persisten en el envío de cartas “informando a sus asegurados del alza en sus planes”.

«no es competencia de esta Magistratura decidir acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto que pudiere efectuar un tribunal, la que corresponderá corregir a través de los diversos recursos que contemplan las leyes del procedimiento, en este caso, ante la Corte Suprema como tribunal superior jerárquico».