El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida tras constatar que la Comisión de Libertad Condicional actuó con apego a la ley al no conceder el beneficio al amparado, quien tiene un riesgo medio de reincidencia.

El tribunal dispuso el ingreso en tránsito al Centro Transitorio de Detención de Pudahuel del imputado, y ordenó elevar los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de San Miguel para que el Tribunal de alzada resuelva el recurso deducido en contra de la resolución que rechazó la prisión preventiva de P.A.L.T.

El máximo Tribunal confirmó que en la especie se cumplen los requisitos para proceder a la extradición solicitada.

Áñez es acusada de los supuestos delitos de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del hospital al denegar la internación y ordenó, además, al Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) de Quinta Normal procurar asistencia legal al paciente, quien carencia de apoyo social y familiar.

El Tribunal estableció la responsabilidad del hospital por el tardío tratamiento bridado a paciente que fue derivado, finalmente, al Instituto Nacional de Tórax, centro asistencial donde falleció en noviembre de 2013.

En los casos de mayor sanción penal se aplicará una condena que puede ir de quince años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado, que le impide al sentenciado postular a la libertad condicional antes de cumplir los 40 años preso.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que no exista gestión judicial pendiente en tramitación, ni se ha puesto término a ella por sentencia ejecutoriada.

El recurrente padece de esquizofrenia paranoide, lo que constituye un antecedente que permite presumir su inimputabilidad y justifica su internación provisional en un establecimiento asistencial.

Las recurridas no han realizado acciones judiciales tendientes a cobrar la deuda del actor, por lo que su decisión de requerirlo por la vía especial que establece la Ley N°18.933 es injustificada.