Las búsquedas se habían centrado únicamente en términos particulares y se llevaron a cabo únicamente dentro de la cuenta en el servicio de mensajería del partido. Las regulaciones del partido establecían que dichas cuentas podían estar sujetas a controles, y que estos debían proteger los intereses del partido. Este razonamiento no fue ni arbitrario ni irrazonable. El actor tuvo la posibilidad de ejercitar varios recursos civiles, pero que optó por no hacer uso de ellos.

La actora pretendía el pago total de la asignación, como si se tratara de una destinación hacia la base antártica, en circunstancias que la comisión de servicio estaba proyectada para una duración de seis días, por ende, el recurrido no actuó con ilegalidad.

Estas exigían que únicamente en el caso que se ofertase por todas las líneas de adjudicación se podía presentar un solo documento de garantía por el total que el mismo pliego de condiciones señala, pero en los demás casos se debía acompañar un instrumento de garantía por cada línea ofertada por los montos que en cada una de ellas indicaban las referidas bases de licitación

Faculta a las jefaturas de los servicios públicos eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta un 20% de su dotación, el cual podrá acceder a la modalidad de trabajo híbrido, con tres jornadas presenciales a la semana.

La Octava Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que desestimó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, deducida en contra de los entonces ejecutivos de la empresa de retail.

No es CONADI la que define a cuáles de los miembros de una comunidad indígena se asignan derechos en el marco de una compra en copropiedad por aplicación del art. 20 b). Esa es una decisión autónoma de la misma comunidad, informa el recurrido.

La incompatibilidad maximiza la separación de funciones entre el personal municipal y el rol de los concejales, y busca evitar a priori el conflicto de interés entre quien ostenta el cargo de funcionario o trabajador, por una parte, y quien ejerce las funciones constitucionales normativas, resolutivas y fiscalizadoras que le corresponden al Concejo.

Al momento de realizar el control preventivo y solicitar el carnet de identidad de la imputada, los agentes notaron que en el mismo banano donde la acusada guardaba el documento, existía una cantidad indeterminada de “papeles cuadriculados blancos”, mutando el control a uno investigativo del cual se determinó que la recurrente portaba 103 papelillos de pasta base y dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia, siendo detenida y puesta a disposición de las autoridades.

Los recurridos confirmaron sin más el fallo de base que acogió una excepción de incompetencia absoluta del tribunal, respecto de una demanda declarativa de relación laboral entre un médico y una Corporación Municipal, privando al galeno de su derecho a la tutela judicial efectiva y descartando tempranamente un asunto que debía ser conocido en sede laboral.

La actora intentó revertir la sanción adoptada luego de un sumario administrativo en su contra, por la presunta adulteración de boletas para pedir reembolso de prestaciones médicas a un seguro. La magistratura indicó que la acción cautelar no es una instancia de apelación respecto de un acto administrativo que no es terminal, el que todavía puede ser impugnado por la recurrente ante la Contraloría General de la República.