El requirente estima que el hecho de descartar toda su prueba testimonial por ser una persona jurídica resulta arbitrario y afecta su derecho a defensa.
Los organismos públicos están obligados a respetar los plazos legales respecto de todas las personas, sin distinción alguna, sobre todo cuando los procedimientos administrativos tienen efectos patrimoniales respecto de los administrados.
La conducta desplegada por la recurrida alteró el statu quo vigente, incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ejerció un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.
Al haberse presentado el recurso el día 16 de marzo en curso, éste se interpuso dentro de plazo, en tanto la resolución impugnada fue notificada el día 19 de febrero, razón por la que la acción no debió ser declarada inadmisible.
Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.
Lo anterior, cualquiera sea la fecha del diagnóstico o del dictamen de incapacidad.
La obligación del médico es de medios, ya que no puede asegurar un resultado exitoso a criterio del paciente.
El requirente alega que la agravación de la pena va en contra de los fines del sistema de responsabilidad penal adolescente, vulnerando sus garantías constitucionales.
La sanción de privación parcial y temporal de la subvención general que se le impuso cumple el objetivo fiscalizador del órgano, y se evitan prácticas como el retiro de utilidades.
