(…) tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección, si bien son secretos o reservados, “tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente»

“no puede soportar la carga que significa aquel comportamiento indebido de los imputados mencionados, sin caer en un incumplimiento grave de sus obligaciones”

En virtud de tales disposiciones constitucionales y legales, se han presentado durante los últimos años una serie de iniciativas -tanto de parlamentarios como del Ejecutivo- que proponen, de una y otra forma, facilitar y regular el uso de la bandera nacional

Cabe recordar que la Ley N° 19.541 (D.O., 22 diciembre 1997) modificó la Constitución y dispuso que el máximo Tribunal está integrado por veintiún Ministros, de los cuales cinco deben ser abogados extraños a la administración de justicia.

“la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y las instituciones democráticas, para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra el Terrorismo”.

“en la segunda mitad de la década de los setenta, en el derecho penal, se desarrolló una legislación inflacionaria y se fueron afirmando, para combatir al terrorismo y al crimen organizado, modelos diferenciados de proceso penal y de tratamiento carcelario”, lo que se ha manifestado en nuestro ordenamiento jurídico a “través de testigos y peritos protegidos (sin rostro)”, admitiéndose, incluso, “que se les otorgue una contraprestación económica” por su declaración.

La enmienda también alcanzaba al artículo 18 de la Carta Fundamental, para precisar que el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponde a las Fuerzas Armadas y Carabineros, del modo que indique la ley, “en Chile”.

En lo esencial la iniciativa establece que los Ministros de Estado, los diputados y senadores, el Presidente de la República, y las demás autoridades y funcionarios que se señalan, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, la que, en todo caso, deberá contener la singularización de todas aquellas actividades y bienes del declarante, y que en caso de incumplimiento se podrá aplicar una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM.

«la situación es grave, ya que las vertientes naturales que proveen agua a las distintas comunidades se encuentran situadas justamente bajo las instalaciones de las mineras, existiendo el peligro latente de que estas sean contaminadas, situación que vulneraría el derecho a la vida, a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».

Se dedujo una acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, por cuanto dictó una serie de resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas de una particular, situación que vulneraría su integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el subsidio que […]