La coordinadora del proyecto precisó que el texto “facilitará tanto el estudio como el trabajo de los distintos actores del sistema penitenciario”.
A esta obligación también se encontrarán sometidos los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, quienes deberán cumplir esta norma en dos escenarios: cuando sus valores se vinculen con entidades privadas sujetas a fiscalización o control de sus organismos, o cuando se vinculen directamente con su ámbito de competencia.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prosigue el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que crea los Tribunales Ambientales.La iniciativa será objeto de una serie de modificaciones ya concordadas con el Ejecutivo, según lo señaló el diputado Felipe Harboe. No es posible que este proyecto avance muy rápido, informó, considerando […]
«establece la obligación de asistencia a programas de rehabilitación por consumo problemático de drogas y alcohol; y un sistema de monitoreo telemático, como forma de control del cumplimiento de la reclusión domiciliaria y de la libertad vigilada intensiva, en los casos de condenados por delitos de violencia intrafamiliar o por delitos sexuales, y en el caso de régimen de pena mixta».
En días pasados la Cámara de Diputados -en sesión especial celebrada al efecto- aprobó un proyecto de acuerdo de los diputados Carmona, Chahín, Díaz, Harboe, Montes, Núñez, Ortíz, Pascal, Vallespín y Vargas, mediante el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a las entidades estatales encargadas de supervigilar a las entidades públicas […]
Así, que entre la primera votación y segunda vuelta para elegir Presidente de la República no haya un plazo superior a las cuatro semanas, «de modo de no dilatar excesivamente las campañas electorales e impedir que las elecciones coincidan con las fiestas de fin de año».
La gestión pendiente invocada está constituida por cinco recursos de nulidad que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante los cuales se impugnan una serie de sentencias definitivas dictadas por un Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad.
(…)debe aplicarse “plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 ? 1 b), los fundamentos de las decisiones son «públicos una vez que sean adoptadas».
Los recurridos informaron que las religiosas no tienen su domicilio en el lugar donde se ubica la propiedad que arriendan y que esta no sería la vía idónea para resolver la cuestión planteada, por cuanto se trata de una materia de lato conocimiento y que se encuentra bajo el conocimiento de los tribunales de justicia.
La iniciativa hace propia la conclusión de la “Comisión Interamericana de DDHH”, que determinó que “la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios, afectaba seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos”.
