El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación, que buscaba que se declarara la incompetencia de Juzgado de Policía Local para sancionar a la empresa por infringir las normas de protección de los derechos de los consumidores.
El Tribunal de alzada condenó a la empresa constructora Santa Beatriz a pagar una indemnización de 320 UF por incumplimiento de contrato de promesa de compraventa.
El máximo Tribunal condenó al Instituto de Diagnóstico Ginecológico y Tratamiento de Pareja Limitada a pagar la indemnización por las lesiones que sufrió la demandante, pero desestimó responsabilidad de la doctora tratante.
La Ministra explicó que «este cuento surgió participando en una actividad con otros jueces en que pretendíamos desarrollar de manera sencilla diferentes derechos de la Convención de Derechos del Niño para explicarlos interpretados de manera sencilla y llegar con contenidos esenciales hacia un público infantil».
El Tribunal aplicó, además, la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 12 UTM.
La «Operación Bernhard» demuestra lo difícil que es separar el bien del mal cuando las personas se encuentran en una situación límite en la que está en juego su supervivencia.
El Secretario de Estado será consultado principalmente por el protocolo definido por la cartera para la manifestación de objeción de conciencia relativa a la Ley de Despenalización del Aborto respecto de tres causales.
Habiéndose fijado hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, rindiendo pruebas respecto de ellos, era deber del tribunal analizar la prueba en su integridad antes de citar sentencia.
La Corte de Antofagasta advirtió que el acto en cuya existencia se funda el recurso de protección ha cesado en su ejecución.
Se expone que la difusión se enmarca dentro de las funciones y atribuciones que la ley N° 20.820 le confiere.
