Norma pionera en Europa que desarrolla los aspectos esenciales de este derecho fundamental y garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva

Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pone las cosas claras sobre el inexistente derecho al insulto y lo que dice la última jurisprudencia del Alto Tribunal.

Entre las conclusiones se planteó la inconveniencia de realizar transferencias de recursos públicos a una entidad privada como la Corporación Santiago 2023.

La demandada se comprometió a entregar patas de pollo congeladas a una empresa china, no obstante, luego del primer pago efectuado por la empresa oriental, no hubo entrega de ninguna mercadería como contraprestación, por lo que ambas acordaron el término del contrato y la empresa chilena se comprometió a devolver el pago inicial, del cual sólo abonó una fracción; por lo tanto, fue emplazada ante juez árbitro, que finalmente la condenó al pago del saldo más intereses y costas.

Si la infracción no ha sido subsanada, tampoco es posible realizar la recalificación o rebaja de la sanción.

Su concepto de «Volksgemeinschaft», su actitud antisemita y su menosprecio por el orden democrático existente muestran claros paralelismos con el nacionalsocialismo. El partido persiste en su objetivo de sustituir el orden constitucional existente por un ‘Estado-nación’ autoritario, en violación de la dignidad humana y del principio de democracia de la Ley Fundamental.

El efecto de un sistema de libre valoración de la prueba en materia de evidencia testimonial es que todos los testigos valen, pero su peso dependerá de las condiciones de credibilidad específica de cada caso, las que, por cierto, deben ser explicadas por el tribunal.

El hecho por el que se sanciona, desconsideración con un ciudadano, no precisa la queja o denuncia del afectado en cuestión, pudiendo ser sancionada la conducta si por cualquier otra vía llega a conocimiento del órgano competente. Esta es, por otra parte, la regla general en el derecho administrativo sancionador.

La toma de muestras de sangre constituye una injerencia en sus vidas privadas Las disposiciones del derecho interno en cuestión debían ser previsibles en cuanto a sus efectos para las solicitantes. En particular, constatamos que ninguna de las disposiciones citadas por el Gobierno podía justificar una intervención médica realizada por agentes de policía o médicos como la que se realizó.

Si el funcionario decide participar del programa de acondicionamiento físico, se encuentra en la obligación de acreditar que está apto para realizarlo, acompañando para ello la pertinente certificación médica, la que deberá ser de su propio cargo, atendida la naturaleza voluntaria de tal determinación.