El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida en representación de indigente, quien vive en la calle, y dio plazo de 10 días para que el recinto asistencial informar el cumplimiento de lo resuelto.
El Tribunal estableció que los factores gatillantes del fallecimiento de la víctima no pueden ser atribuidos a los encartados, ya que realizaron actuaciones dentro de la esfera de su competencia y con información proporcionada por instrumentos tecnológicos y/o profesionales del área.
El máximo Tribunal dio lugar a la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del recinto hospitalario.
A partir de la próxima semana, el Consejo para la Transparencia comenzará a despachar un documento que recalca los deberes que en materia de probidad, lobby, declaración de intereses y fideicomiso ciego deben cumplir quienes se integren al nuevo Gobierno.
Los imputados continuaron la marcha, huyendo del lugar, sin prestar auxilio a la víctima, ni dar cuenta del accidente a la autoridad.
La audiencia de revisión de medidas cautelares no dio lugar a la solicitud de la defensa de los comuneros imputados, por considerar que no han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretar las medidas cautelares.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en actual conocimiento de la Corte Suprema mediante recursos de casación en la forma y en el fondo.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad.
En su sentencia, la Corte de Antofagasta indicó que no puede verse en la emisión del programa una afectación de la honra de la recurrente, pues si alguna afectación existe ha sido por la comisión de los delitos por los cuales fue condenado.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, y, en su lugar, declaró que el amparado queda sujeto a la medida cautelar de internación provisional, debiendo el juez de garantía proceder a determinar el centro asistencial en el que deberá cumplir dicha medida, hasta tanto se tenga un dictamen penal sobre su imputabilidad.
