Las normas que regulan el otorgamiento del crédito de estudios priman sobre aquellas de carácter general en materia de liquidación voluntaria de bienes, en atención al principio de especialidad contenido en los artículos 4 y 13 del Código Civil.
Una comunidad Colla, intentó dejar sin efecto las resoluciones del Ministerio de Minería que autorizan la explotación de litio en el Salar de Maricunga -pese a dictarse en 2018 y 2019-, acusando que tomaron conocimiento recientemente de aquellos actos, maniobra que fue calificada de mala fe por parte de la Corte de Copiapó, pues la misma parte utilizó los mismos antecedentes para recurrir en enero de 2022.
Municipio de San Miguel contrató los servicios del demandante, no obstante, ejerció potestades de mando, exigiendo el cumplimiento de horarios e impartiendo órdenes para orientar la labor encargada al cumplimiento del objeto social de la Municipalidad, elementos propios del vínculo de subordinación y dependencia de una relación laboral.
En el delito de negociación incompatible, el verbo rector es “interesarse”; esto es, poner una especial atención en el contrato u operación con la finalidad de obtener un provecho propio o ajeno. Por tanto, la norma penal subyacente al tipo penal de negociación incompatible consistiría en el mandato al funcionario o servidor público que está a cargo de un contrato u operación, para que actúe con objetividad y sin sesgo o interés subalterno.
La iniciativa tiene por objeto proveer de un marco normativo que desincentive conductas contrarias a la probidad y proteja adecuadamente a quienes denuncias faltas ante posibles represalias.
El descuento efectuado a la remuneración del recurrente es un acto abusivo, debido a que la Caja de Compensación pretende hacerse del cobro de su crédito sin acudir ante la judicatura respectiva, vulnerando el derecho de propiedad del actor.
Si bien el derecho a la libertad de expresión cuenta con una protección reforzada en la legislación sueca, esto podría cambiar pues las autoridades del país están explorando formas legales de prevenir actos de quema del Corán por razones de seguridad y geopolíticas, debido a los ataques a sus embajadas.
El máximo Tribunal indica que la responsabilidad del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos es objetiva, y se debe cumplir con la obligación de reparar íntegramente el daño, según las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por Chile.
Si la persona obligada por las normas ambientales o el infractor fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.
La sentencia del Tribunal de Apelación se limitó a afirmar que las declaraciones fueron contradictorias, pero no explica cuáles eran esas contradicciones en cuanto al fondo de la queja de las demandantes.
