Anteriormente, el querellante solicitó una servidumbre de tránsito respecto de la franja de terreno en litigio, por lo que reconoce dominio ajeno y su presunta posesión no es más que una mera tenencia tolerada por el querellado. El máximo Tribunal sostuvo que el demandante no puede pretender ir en contra de sus actos anteriores, intentando la protección de un derecho que él mismo ha reconocido no detentar.

Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, pero la contienda debe resolverse, en definitiva, por razones de economía procesal.

Si la víctima es menor de edad pero mayor de 14 años, para aplicar esta pena debe además haberse aplicado fuerza o intimidación; o haberse aprovechado de la víctima sea por perturbación mental, ignorancia o haciendo abuso de una posición de autoridad, o haber hecho amenazas.

El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

El Tribunal de alzada acogió el reclamo presentado por Fundación Defendamos La Ciudad y dejó sin efecto el permiso de edificación concedido a la empresa Inmobiliaria Mirador del Cerro SpA para ejecutar el proyecto de construcción en el perímetro que, actualmente, corresponde al Hotel Sheraton Santiago.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el tribunal mantuvo privado de libertad a Pradenas Dürr, quien se encuentra recluido desde julio de 2020 en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

El juez requirente reclamó que los preceptos impugnados podrían eventualmente vulnerar el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, los artículos 3, 5.1, 11.1 y 18 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y los artículos 16 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.

Que el derogado artículo 51 de la Ley N° 16.807 faculte a la antigua Caja Central de Ahorros a ordenar la incorporación de cláusulas de no enajenar en los contratos de mutuo, en nada altera la naturaleza de dichas cláusulas, que por regla general son convencionales.

Fue aprobada por un estrecho margen debido a la polémica suscitada entre diputados oficialistas y de oposición. Establece criterios para determinar qué animales son aptos para ser de compañía y cuáles son especies invasoras.