La custodia de la detenida estuvo a cargo de J.A.R.Z., quien pasado unos minutos desde la salida del carro y mientras estaba en marcha, abrió el calabozo y ordenó salir a la víctima, indicándole que le haría una revisión de sus vestimentas por temas de seguridad, sacándole los grilletes y exigiéndole que se desnudara.

El máximo Tribunal consideró que el fallo se encuentra bien fundamentado, por lo tanto no hay infracción.

El legislador pretende asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones de reparto y garantizar así su sostenibilidad. En particular, se tuvo en cuenta el aumento de la esperanza de vida.

El cómputo de los tiempos de espera entre carga debe efectuarse según lo establece el artículo 25 bis del Código del Trabajo, al corresponder a una jornada especial, y no de acuerdo al tiempo máximo de espera en una jornada ordinaria, como lo hizo el demandado.

El Tribunal de alzada le instruyó, además, a la Seremi de Obras Públicas la instalación de señalética apropiada mientras no se reanuden los trabajos del Puente Bicentenario.

En la sentencia, la Décima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia.

Los imputados de nacionalidad extranjera se encuentran detenidos por una falsificación de documentos, por tanto, tales DNI también podrían serlo, informó el recurrido.

El Tribunal determinó que la decisión de cierre tomada la Dirección Regional de Vialidad era legal, del momento en que había sido adoptada por la autoridad competente, y suficientemente justificada con informes técnicos.

Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.

En ejercicio de su potestad cautelar, el Tribunal de Familia deberá adoptar las medidas necesarias para la atención integral de la adolescente, debiendo citar al curador ad litem y al representante del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ordena el máximo Tribunal.