Para que no exista duda en la correcta interpretación y aplicación del procedimiento para asegurar la paridad del Consejo Constitucional.
La recurrente demandó por tutela y despido injustificado al municipio de San Javier, no obstante, no acreditó la existencia de indicios de relación laboral debido a que el vínculo entre las partes siempre estuvo reconocido como prestación de servicios al amparo del Estatuto Administrativo.
La prestación de servicios de salud con carácter domiciliario se encuentra intrínsecamente ligada al deber de garantizar el derecho fundamental a la salud a todas aquellas personas que, por sus enfermedades o sus condiciones especiales de salud, se encuentren en una situación que hace imposible o se les dificulta el acceso a los servicios de salud que requieren.
El concejal se encuentra formalizado por el delito de abuso sexual.
El recurrente invocó argumentos contradictorios en su recurso. De manera principal abogó por su inocencia fundada en las imprecisiones del relato de los testigos de la causa, pero en su petición subsidiaria solicitó que se le aplique una pena atenuada por su participación en los hechos, alegaciones contrapuestas que se anulan entre sí y privan de sustento material a su libelo.
La limitación legal no es caprichosa, ya que el espíritu del legislador ha sido el de amalgamar, por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir, un acto de verdadero amor; y, por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante.
El que ensuciare, arrojare o abandonare basura, materiales o desechos de cualquier índole en calles, plazas, sitios eriazos, espacios públicos u otros bienes nacionales de uso público se les aplicará la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consistente en la limpieza de calles, plazas, caminos o espacios públicos que determine el tribunal.
Se habría permitido la votación de personas que no eran socias de la institución.
La acción de incumplimiento busca proteger la tutela judicial efectiva en el componente de ejecución de la sentencia, en tal razón, es incompatible con su naturaleza y con la tutela judicial efectiva que una sentencia no se ejecute, salvo excepciones.
El anuncio lo realizaron los Presidentes de la Cámara y del Senado, Vlado Mirosevic y Juan Antonio Coloma, respectivamente, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Según especificaron en la presentación, se trata de 31 iniciativas de ley que serán priorizados en el trámite legislativo.
