Boeglin asegura que «es muy probable que la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú haya influido en otras latitudes, al ofrecer a sus principales detractores un argumento tan inesperado como sorprendente para muchos».
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, habiéndose ya oficiado a la Corte Suprema para que evacue su informe.
La Comisión de Hacienda aprobó esta iniciativa del Ejecutivo que apunta a incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) y atenuar las alzas de uno de los combustibles más usados en los meses de invierno, especialmente, en la Región Metropolitana.
El máximo Tribunal desestimó el recurso al no acompañar el recurrente sentencias de contraste.
El Tribunal de alzada estableció que, con los antecedentes aportados, no es posible avizorar alguna conducta ilegal o arbitraria de las recurridas al ser la asignatura cuestionada de carácter optativa y no obligatoria.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que aumentó el monto de la indemnización por concepto de daño moral.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar deducida, tras descartar ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, la que actuó dentro de sus atribuciones y basada en criterios técnicos.
Su aplicación al caso concreto deviene en inconstitucional al transgredir la garantía de la libertad sindical.
Produce alteración a la vida y salud de las personas, considerando la cantidad de vecinos que son electrodependientes; la cantidad de horas que pasan sin luz, afectando su cotidiano vivir, el deterioro de sus utensilios y de sus electrodomésticos.
