Los constituyentes de ambos bloques apuntaron a la responsabilidad del Gobierno por no entregar las condiciones técnicas mínimas para que se desarrollara la reunión.
La instancia aprobó por unanimidad el informe referido a la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país; pero con votación dividida aquellas referidas a las responsabilidades de las autoridades del Ministerio del Interior.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado en la parte que condenó a la sociedad Inmobiliaria El Mirador SA, a pagar la suma de $9.430.000, por concepto de daño emergente, con declaración que se eleva la suma por daño moral a $8.000.000.
La resolución agrega que como se ve, solo ante esta Corte la reclamante trae a colación que la entrega en formato digital de la información respecto de la que se accedió a la solicitud resulta improcedente, no obstante que esa manera de proporcionarla nunca fue admitida por ella, ni siquiera advirtiendo la imposibilidad jurídica y material que ahora esgrime.
El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por la defensa por falta de competencia.
En el tercer Conversatorio dedicado a intercambiar experiencias respecto al cambio de paradigma laboral se escucharon las exposiciones de destacadas especialistas internacionales sobre políticas públicas y asuntos sociales.
El Tribunal estableció que en la especie las demandadas no probaron haber dado cumplimiento al deber de seguridad para evitar fraudes, como las operaciones comerciales que afectaron al demandante, originadas en Indonesia y Estados Unidos.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del Consejo Nacional de Televisión, al sancionar a la concesionaria por infringir la normativa que regula los contenidos de emisiones televisivas.
La Sala de la Cámara de Diputados respaldó una resolución que busca apoyar a las instituciones que integran el CRUCH y que, solo en 2020, dejaron de percibir más de 200 mil millones de pesos por efectos de la crisis sanitaria.
La medida, respaldada por la Cámara, tiene por objeto hacer que el organismo público mantenga su dependencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
