El solicitante acreditó que la venta se realizará para mejorar las condiciones de vida de su madre, de quien es curador definitivo.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, vulnerando su garantía al debido proceso.
La resolución promueve dar continuidad a los tratamientos de quienes ya tienen algún diagnóstico realizado; detectar y apoyar a quienes están adquiriendo alguna afección de salud mental; y asistencia permanente a las unidades con mayor sobrecarga laboral, entre otros planteamientos.
La resolución ratificada por la Sala pide que los municipios que se beneficien del aporte del Fondo Solidario Municipal rindan esos recursos a la Contraloría General de la República.
Aquellos que padecen colitis ulcerosa y mal de Crohn han denominado a esta norma como “ley No Puedo Esperar” haciendo referencia a la urgencia de utilizar el baño.
El requirente estima que la ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta y la falta de oportunidad procesal para oponerse transgrediría sus garantías constitucionales.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El máximo Tribunal confirmó la prescripción de la acción de cobro de pagaré, por transcurrir más de un año entre que la obligación se hizo exigible y la notificación de la demanda ejecutiva.
Al no dictar un acto administrativo que contenga de manera escrita y fundada la decisión de cesar el pago de la asignación, se incurrió en una omisión ilegal que posee la aptitud para perturbar el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.
El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
