«….pese a que el carácter no autoejecutable de alguna de las normas impugnadas resulta inequívoco, le asiste la convicción que la obligación que ellas imponen de desarrollar sus enunciados normativos a través de disposiciones legislativas o administrativas internas, se hace aconsejable igualmente revisar los fundamentos constitucionales de las mismas».

La Corte Suprema desestimó un recurso de queja interpuesto por un particular en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que hizo lugar a un reclamo de ilegalidad que se dedujo respecto de una decisión del CPLT que le ordenó al Servicio de Impuestos Internos entregar al peticionario información relativa […]

Lo anterior por cuanto el requerimiento no impugna precepto legal alguno, sino que cuestiona el actuar del sentenciador, en este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pidiéndose que se declare inconstitucional el fallo de dicho Tribunal que rechazó el recurso de protección deducido por el actor.

La situación se origina cuando los antiguos propietarios de la referida pintura del artista aragonés, decidieron venderla. Luego de rechazar diversas ofertas provenientes de prestigiosos museos -como el Museo del Prado y la Academia de Bellas Artes- el Estado Español ejerció su derecho de adquisición preferencial reconocido en la ley sobre patrimonio histórico nacional de ese país, haciéndose entrega de la obra en febrero de 2000 a cambio de una cifra cercana a los 25 millones de euros.

Observa luego que en el precitado cuerpo legal se establece “una limitación expresa al mencionado derecho cuando se trata de contratos celebrados mediante medios electrónicos u ofertas hechas a distancia”, lo que califican de injusto y arbitrario, porque afecta solo a un sector de los consumidores.

Observa luego que en la actualidad “los accidentes y daños a la propiedad pública y privada generados a partir de la conducción de vehículos en estado de ebriedad, genera perniciosos efectos para quienes los sufren”, siendo necesario “paliar esta situación de un modo efectivo”.

En su fallo, el tribunal de alzada razona que el artículo 8° de la Constitución, no obstante consagrar el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establece la posibilidad que, en virtud de una ley de quórum calificado, pueda limitarse éste principio, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Con la exposición del médico Marcelo Muñoz, Coordinador de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Diego Portales y Miembro de la Comisión de Ética de la Clínica Las Condes, el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, se reunió para continuar con el análisis de la Ley N° […]

La iniciativa también observó que producto de la pronta implementación del “nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario”, es necesario tomar medidas para que la abstención no aumente “significativamente en el caso de una elección en Enero”.

La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejercito que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.