La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó dos recursos de protección –roles 5042-2013 y 5580-2013– presentados por cotizantes del sistema de ISAPRES en contra del alza del precio del plan de salud por concepto de garantías explícitas en salud (GES), ante el ingreso de 11 nuevas patologías.
El TC declaró admisible una competencia entre la Fiscalía Local del Ministerio Público y el Segundo Juzgado de Policía Local, ambos de Copiapó.
La Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, dictó sentencia en la causa por la investigación por delitos de narcotráfico y lavado de activos, perpetrados entre 1999 y 2001, en la desaparecida línea aérea Aerocontinente.
En días pasados, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala del Senado el proyecto de ley que modifica la institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros, desde un gobierno unipersonal a otro colegiado bajo la figura de una Comisión de Valores y Seguros (CVS), a cargo de un Consejo compuesto por cinco miembros.
Dentro de los próximos días se presentará al país el plan de trabajo para el año 2014, propuesto emanada del Grupo Bicameral Pro Transparencia.
El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 54, 55, 56 y 58 de la Ley N° 19.253.
El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 20 de la Ley N° 19.234, modificado por la Ley N° 19.582.
Se dedujo acción de protección en contra de un particular, por parte de una empresa constructora, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho de haber tomado la tenencia de un inmueble de su propiedad
Se dedujo acción de protección en contra de la Isapre Banmédica S.A., por parte de dos particulares, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la decisión de la primera de poner término al correspondiente contrato de salud y por negarse a cubrir una atención médica que recibió la cónyuge del titular.
Se dedujo acción de protección en contra de una empresa, por parte de una sociedad constructora, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho de que la recurrida mandó a publicar a Equifax supuestas facturas impagas, sin haberse cumplido con el protocolo comercial.
