Los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, a menos que un precepto legal así lo establezca.
Determinó que las pretensiones de nulidad de un procedimiento sumarial o de una anotación, de acuerdo a la doctrina asentada en los dictámenes N°2768/155 del 2002 y N°1480/47 del 2005, deberán presentarse ante los Tribunales de Justicia.
La propuesta considera tanto a la Constitución vigente como el Derecho Comparado e Internacional de los Derechos Humanos, y el proyecto de la Convención Constitucional, buscando conciliar posturas y lograr un avance en el Derecho Constitucional chileno.
El principio de imparcialidad no se ve perjudicado por el hecho de que un caso, que fue conocido por la Autoridad de Competencia en un procedimiento no contencioso relacionado con su misión de velar por el buen funcionamiento de la competencia en los mercados, sea examinado posteriormente, por la misma autoridad, en un procedimiento sancionador.
Hasta el 31 de marzo del 2023 se extiende el plazo para participar en Primer Concurso de Memorias o Tesinas sobre Lenguaje Claro Asociado al Derecho organizado por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, presidida por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esta convocatoria va dirigida para los estudiantes chilenos y/o […]
La nueva norma, propuesta por un grupo de diputados y diputadas, pretende mejorar las condiciones de vida de esta población durante todo su ciclo vital.
No es lo mismo un acto cometido por un único agente o un miembro de una institución que actúa en su propio interés en detrimento de la institución a la que pertenece, y un acto de agentes de una entidad pública que actúa en nombre de esta en el marco de las funciones que les han sido confiadas, utilizando los medios y las facultades de la entidad, como es el caso.
La percepción de pánico, el miedo, los disparos y el estrés postraumático sufrido, formaban parte del trauma experimentado por los testigos de las consecuencias del delito y no las lesiones de una víctima directa de la comisión de un delito.
No es admisible la publicación del nombre, cargo y casilla de correo de una persona, si este no autorizó previamente su difusión al público ni se justificó en un texto legal que expresamente lo habilite.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta como ilegal y/o arbitrario, tal cuestionamiento debe ser esclarecido y declarado en un procedimiento de lato conocimiento. Además, la controversia se encuentra planteada en la justicia civil ante la cual se persigue el cobro, por lo que se encuentra ya bajo el amparo del derecho.
