La empresa no estaba vinculada al demandante por un contrato de trabajo, por lo que no puede exigirse su responsabilidad sobre la base de la obligación de seguridad No obstante, su responsabilidad puede comprometerse en materia de responsabilidad extracontractual, una vez que se estableció su culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias.

Se negó a inscribir los documentos que justifican el incremento en la superficie del predio y pidió al actor probar la forma en que llevó a cabo el aumento, requisito calificado como improcedente por el máximo Tribunal, al considerar que el Conservador excedió las facultades establecidas en el artículo 13 de su propio Reglamento.

El deudor intentó impedir la ejecución alegando que el protesto de los documentos no se efectuó conforme al artículo 22 del D.F.L. Nº707, argumento desechado por el máximo Tribunal en atención a que los documentos acompañados cumplían con los requisitos de los títulos ejecutivos establecidos en el Nº4 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

No cabe duda que la situación entrañaba una considerable dificultad e incertidumbre, por lo que ha de concluirse que el desistimiento de los vuelos y del contrato celebrado al respecto con la demandada se hallaba fundado y se amparaba en una causa justificada. En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible, la norma prescribe que el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor.

El máximo Tribunal estimó que el descuento debe ser reembolsado porque el despido fue declarado improcedente, en concordancia con el artículo 13 de la Ley Nº19.728.

La participación política es un derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona, en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la sociedad. Una de sus manifestaciones es el derecho a postular, ser elegido y ejercer un cargo de representación popular.

Si bien los delitos de cohecho activo y pasivo específico son conexos, la responsabilidad de cada agente está tipificada por separado; entonces, ambos sujetos son punibles como autores de su propio delito. Lo relevante es que el hecho delictivo esté perfectamente delimitado, y en estos supuestos el procedimiento de investigación preparatoria no culmina para los restantes imputados no acogidos.

No habría gestionado adecuadamente los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram, ni tampoco informado debidamente el procesamiento de aquella información y sus propósitos. Se le instó a revaluar sus políticas.

El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.

Debe recordarse que todo organismo y autoridad pública debe ceñir su actuar al principio de juridicidad, lo que comúnmente se resume en el antiguo adagio “en derecho público sólo puede hacerse lo que está expresamente permitido”.