Se trata de un grupo de 22 personas entre 18 y 34 años, quienes pidieron una indemnización de $7.025.565.22. En ese sentido, el presidente del CDE, Juan Peribonio, solicitó al 15º Juzgado Civil de Santiago que rechace la demanda y calificó los montos como «desproporcionados».
Además de armas también se registraron explosivos, ropa de camuflaje y gran cantidad de municiones.
La actora fue desvinculada por pertenecer a los grupos de alto riesgo de contagio de COVID-19.
Se verificó un cambio de criterio en la autoridad administrativa que, sistemática y reiteradamente, en los tres años inmediatamente anteriores al de la denuncia había aceptado la presentación de la solicitud de validación de estudios, por parte de la reclamante.
Se declaró contraria a la Constitución Política, la expresión “en única instancia, en cuenta”, del inciso segundo del artículo 142, que contempla el procedimiento a que se sujetará la acción judicial de reclamación contra la medida de expulsión, la que deberá estar fundada y conocida en cuenta por la Corte de Apelaciones.
La gestión pendiente incide en recurso de protección, seguido ante la Corte de Valparaíso.
Los cuentacorrentistas mantienen el derecho de propiedad respecto de los dineros depositados en el Banco, para que éste resguarde y responda a la confianza otorgada.
El hecho denunciado podría constituir una eventual amenaza de la libertad ambulatoria de los menores.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Colina, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de nulidad.
La medida se argumenta como necesaria para poder levantar de forma coordinada las restricciones a la libre circulación, actualmente en vigor, y abandonar paulatinamente la obligación de guardar cuarentena a la llegada o someterse a un test.
