CS condena a Corporación Municipal por abuso sexual de menor en Colegio de Providencia.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación y condenó a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia a pagar $120.000.000 a víctima y sus padres.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación y condenó a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia a pagar $120.000.000 a víctima y sus padres.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de los recurridos al no dar curso a la demanda deducida.
La iniciativa prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y/o suministro de globos aerostáticos, así como su utilización, encendido, manipulación y liberación, en recintos abiertos como cerrados, ya sean públicos o privados.
La resolución del TC se ajusta plenamente a la Constitución; no así, la de la Contraloría que, al revés, cae en lo que la Constitución prohíbe, cual es la de hacer diferencias arbitrarias (art. 19 N°2).
La sentencia sostiene que si bien la resolución que designa a contrata a la recurrente, por un plazo determinado, y «mientras sean necesarios sus servicios», obligaba a respetar el lapso del nombramiento, situación que no se da en la especie.
Todos ellos fueron procesados en el Tomo A de esta misma causa por los mismos delitos cometidos en contra de otros denunciantes y querellantes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la empresa inmobiliaria Montt Varas S.A., al destinar el estacionamiento adquirido por la recurrente para el uso de discapacitados, como exige la norma de urbanismo y construcción.
El Tribunal no hizo lugar a la reclamación deducida por Recalcine, tras establecer que la resolución impugnada, emitida el 26 de enero pasado, se adoptó sin infracción legal.
A juicio de Seif Magango, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, Hussein fue brutalmente agredida por su esposo, la condena a cinco años de prisión por actuar en legítima defensa es un castigo desproporcionado».
Un informe de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de Goiás, por medio de un Grupo de Monitoreo y Fiscalización del Sistema Carcelario y Socioeducativo, alertó nuevamente de la precaria situación de este centro y sus condiciones de insalubridad.