El constituyente le impone al Estado el deber de promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y, desde luego, preservar la igualdad y dignidad de las personas. La moción de los Diputados Ascencio, […]

El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica encuentra reconocimiento explicito en la Constitución, junto al deber que se le impone al Estado de proteger la salud de la población. A su turno el Código del Trabajo establece como obligación del empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la […]

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos invitó a participar a los Estados Miembros y a diversas entidades, entre ellos al Consejo para la Transparencia, en la actualización del informe de Acceso a la Información Pública y Mejores Prácticas. Con esa […]

El investigador afiliado al Centro de Derechos Humanos de la UDP, Álvaro Castro –redactor de los capítulos sobre sistema penitenciario de los Informes anuales sobre derechos humanos—, en conjunto con los profesores de derecho penal de esa casa de estudios, Miguel Cillero y Jorge Mera, son autores de la publicación, “Derechos fundamentales de los privados […]

Previo a entrar a la vista de la causa, el Pleno del TC resolvió solicitar informe al Consejo Nacional de Televisión, y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que, dentro del plazo de diez días informen lo que estimen pertinente en relación con el proceso constitucional y, además, para que la Subsecretaría remita el listado de los actuales titulares de permisos para efectuar trasmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital.

En causa iniciada por querella criminal por los delitos de prevaricación y violación de secreto ante un Juzgado de Garantía de Rancagua, el Fiscal adjunto decidió no perseverar en el procedimiento, por cuanto en su opinión, durante la investigación, no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación. El Juez de Garantía comunicó dicha decisión […]

El Tribunal de Alzada desestimó la acción constitucional intentada luego de verificar que no cumple con los presupuestos exigidos para su procedencia…

También porque la normativa impugnada no contiene una presunción de derecho de responsabilidad penal, sino que señala una regla de graduación de sanciones.

“el mismo texto legal aborda en su artículo 10 el tema de la permanencia en esta última clase de cargos, estableciendo que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, está implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada”.

“que de los antecedentes reunidos, no es posible tener por establecida la existencia de una privación, perturbación o amenaza ilegítimas a la libertad personal de los amparados, ya sea actual o eventual que amerite la adopción de alguna medida cautelar por la vía del presente recurso”, ya que “las medidas cautelares decretadas en la causa han sido dictadas por Tribunales competentes, los cuales han actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y en los casos previstos por la ley y respecto de las cuales se ha tenido la posibilidad de recurrir y debatir”.