Para la Corte Suprema, teniendo en cuenta los riesgos que la introducción de figuras como las que se proponen pudiesen generar, parece necesario puntualizar la necesidad de que el legislador tome especiales resguardos en lo que respecta al sistema procesal y recursivo, con el fin de responder a la posibilidad de plantear todos los intereses de los posibles implicados en conformidad con el debido proceso.

El oficio afirma que, la primera de las tres modificaciones legales propuestas solo precisa o explicita una medida cautelar en específico, toda vez que los tribunales de familia ya cuentan con las potestades como para decretar el tipo de medida cautelar que incorpora el proyecto.

De acuerdo al Pleno la reformulación del principio de oportunidad y de la suspensión condicional del procedimiento, sin un correlativo fortalecimiento, reducirá las capacidades institucionales destinadas a procesar casos más complejos, al emplearlas en abordar casos que de otro terminarían bajo dicha figura, además que no dan cuenta de la necesaria diferenciación entre reincidentes y quienes han aceptado salidas alternativas.

Ambas instancias han estado trabajando en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y que se restituyan los derechos vulnerados.

En la sentencia, la magistrada acogió parcialmente la demanda, tras establecer la responsabilidad de la Conaf y del Cuerpo de Bomberos de Villarrica en el accidente que le costó la vida a Nicolás Francisco Soto Estroz.

El requirente reclamó que la aplicación de la preceptiva legal impugnada vulnera el principio de servicialidad del Estado, la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, el principio non bis in idem y el derecho de propiedad.

La acción de precario no pudo prosperar porque las demandadas acreditaron ser la hermana y la tía del anterior dueño, por lo que no se cumplió con el requisito del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

La recurrente pidió el reconocimiento del estado civil de hija de una tía materna fallecida en 2017, invocando el derecho a la identidad y a conocer los orígenes propios, protegido por el convenio Nº169 de la OIT y el Pacto San José de Costa Rica.

Incurrió en una innecesaria y reprochable ausencia de estilo que no se puede soslayar. Ello es así porque esas expresiones desmesuradas son notablemente lesivas del respeto debido al señor juez de primera instancia y exceden sin justificación el ejercicio del derecho de defensa. Pudo recusar al magistrado si consideraba que concurrían razones para hacerlo, y no lo hizo.

El máximo Tribunal confirmó la condena impuesta al actor, pues los indicios observados por la policía hacían presumir que el acusado se encontraba próximo a cometer un delito, o acababa de realizarlo, esto, al ser encontrado en un inmueble abandonado, sin ropa apta para el clima, y con un bolso que contenía más de 11 kilos de cocaína base.