Al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino además da vigencia a la protección al trabajador.
El procedimiento de investigación dista de lo que puede entenderse como debido proceso, toda vez que ha quedado constatado que no se produjo un período de descargos y no se informó ni permitió ofrecer prueba a los denunciados.
El afectado puede recurrir a los mecanismos que prevé la Ley N°19.733 y a los procedimientos infracciónales previstos de la Ley N°18.838 ante el CNTV.
La libertad de expresión cuenta con una protección constitucional reforzada; i) por ser mujer que afirma haber sido víctima de violencia sexual, física y psicológica ii) es una denuncia vía escrache, y por tanto se trata de un discurso constitucionalmente protegido iii) es una denuncia publicada de manera anónima y por tanto se deben adoptar todas las medidas para garantizar la reserva de la víctima iv) es un denuncia publicada directamente por la víctima lo que supone que no son exigibles los criterios de veracidad e imparcialidad.
Los hechos a que se refiere esta acción se encuentran sometidos al imperio del Derecho en la sede competente, ante el Ministerio Público. Además, la recurrente también puede solicitar la asesoría letrada gratuita o no, en defensa de sus intereses, ante el tribunal competente.
Existiendo además un nuevo informe favorable a su traslado emitido por Gendarmería, no puede sino concluirse que la decisión de la recurrida es arbitraria, toda vez que se ha adoptado sin haber precedido un análisis exhaustivo de las distintas variables técnicas penitenciarias.
La norma tipifica la figura penal conocida como “incitación a la discriminación” y sanciona a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Así, la mera exhibición y/o venta en una feria de tales elementos no importa propaganda, aliento o incitación en los términos exigidos por la norma.
Consta que existe un nuevo antecedente que no fue considerado por lo que se debe revisar si se cumple las exigencia del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, pues se podría amenazar la libertad personal dem amparado.
Entender lo contrario significaría desconocer el derecho al descanso reparatorio a servidores que, en los hechos, desempeñaron las mismas funciones de fiscalización en la contención de la pandemia que el personal de las SEREMI de Salud.
La importancia de la obligación de negociar de buena fe entre las partes para la obtención de un acuerdo, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas, y que la empresa acredite de forma justificada los motivos que le impiden la concesión de lo solicitado por la trabajadora que ejercita su derecho a conciliar. En este caso la empresa no propuso alternativas de conciliación ni alegó necesidades organizativas que pudieren prevalecer frente a las de la trabajadora.
