«concluye que el vicio alegado no se ha configurado puesto que la sentencia de segundo grado confirmó el fallo de primera instancia, el cual contiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo cuestión muy diferente que el contenido de sus fundamentaciones no sean del agrado del demandado y que no las comparta, pero dicha circunstancia no las transforma en inexistentes».

«queda de manifiesto, entonces, que la sentencia cuestionada se construye a partir de motivaciones antagónicas que no pueden coexistir, lo que conduce a la anulación de esos razonamientos, quedando desprovisto el fallo de la fundamentación exigida en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el numeral 5° del artículo 768 del mismo cuerpo legal”.

“uno de los principios que informan la nulidad de derecho público es el de conservación, cuyo fundamento radica en que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial”, para constatar que “la irregularidad que afecta al acto administrativo alegada en este proceso es aquella referida a la ausencia de investidura regular”.

el Ministro de Educación acusado enfatizó en que su labor como funcionario público la ha desempeñado con celo y dedicación desde que asumió en el cargo, calificando de ser injustas y falsas “las acusaciones de haber faltado a la probidad, de no haber ejercido el control jerárquico de los órganos bajo mi dependencia y de haber incumplido la fiscalización de las actividades del sector educación”.

agrupándose en cuatro grandes áreas: “lo relacionado con el Plan de Salud Garantizado (PSG); el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Salud y sus incidencias; las licencias médicas; y otros que tratan distintas temáticas”.

«en cuanto a la denuncia de haberse transgredido los artículos 1545, 1560, 1562 y 1563 del Código Civil, cabe señalar que del mérito de la lectura del recurso se puede constatar que este capítulo no reúne los requisitos formales que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil».

“no se reunieron las pruebas suficientes para sostener las faltas mencionadas por los acusadores, conforme a lo que establece la Constitución, sino que, al contrario, se demostró que el Secretario de Estado cumplió cabalmente con sus funciones”.

“no se determinó en la causa algún hecho o circunstancia que constituya falta de servicio por parte de la demandada en relación a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería, respecto del predio materia de autos”.

“no se aprecian situaciones arbitrarias por el ente estudiantil recurrido, precisamente por haberse ajustado al procedimiento que prescribe el Reglamento de la Universidad y sobre la base de las evidencias recopiladas durante el curso de la investigación”.

El TC declaró que no existe contienda de competencia entre el Juzgado de Familia de Peñaflor y la Fiscalía Local de Talagante.La gestión pendiente incide en causa sobre violencia intrafamiliar, donde el Juzgado de Familia estimó que se configuraba el delito de maltrato habitual, por lo que remitió los antecedentes a la Fiscalía, quien se […]