«Es una oportunidad de gran valor para avanzar en un tema que la sociedad chilena debió abordar hace ya bastante tiempo», manifestó el senador Allamand.
Los parlamentarios destacan la importancia de este acuerdo internacional para los pueblos originarios y el Estado de Chile, al tiempo que rechazan todas las opiniones que apuntan a una eventual denuncia del tratado a partir del año 2021.
La sentencia del Tribunal de alzada establece la responsabilidad de la Clínica Juan Pablo II en la tardía detección de la patología – perforación intestinal que puede presentarse en la intervenciones de cesárea- y asegura que ésta no puede eximirse de responsabilidad por la vaguedad de los síntomas de la complicación.
El organismo arguye que cuando los Gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada.
No consultar a un abogado desde el primer momento que tenemos una duda legal y dejar que el asunto se complique, eso sí que es complicarnos la vida y puede salirnos caro.
El Tribunal de alzada desechó el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, que buscaba dejar sin efecto la resolución de primera instancia dictada en diciembre del año pasado.
LyD arguye que todavía la información de la que se dispone es insuficiente y dispar entre regiones, lamentablemente no está en la discusión pública una agenda sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejecutados por los Gobiernos regionales.
Se dejó sin efecto la sanción impuesta de 100 UTA por el retardo en el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad en la Resolución D.G.A. N°768.
La gestión pendiente incide en autos sobre terminación de contrato de arrendamiento por no pago de rentas, seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien estuvo por no imponer la condena en costas al apelante.
