La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.

Si bien el Ministerio Público manifestó su intención de revisar el arresto domiciliario del amparado, atendido que lo habría incumplido, ello no justificaba disponer su detención, porque la audiencia no estaba citada para ese objeto.

Cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir con la de los adultos que intervienen en el pleito. La regla así establecida que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otra consideración tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de los otros sujetos.

La posible detención del hijo del imputado puede generar una preocupación legítima en este último, pero no constituye una coacción inminente que impida el libre ejercicio de su voluntad.

Lo anterior, porque una supone no disputar los hechos asentados en la sentencia y la otra debatirlos, antítesis que entonces impide la resolución conjunta de ambas causales como pretende el arbitrio en examen

El contexto de campaña electoral en que pueden cometerse las infracciones, la naturaleza de proselitismo político de estas, así como la natural afinidad política que puede darse entre la autoridad infractora y su superior jerárquico, justifican que el legislador haya resuelto que sea un organismo independiente y especializado el encargado de fiscalizar y sancionar tales faltas.

El empresario fue condenado a un año de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores.

El 15 de mayo, Chile se convirtió, por cuarta vez consecutiva, en el primer país en Latinoamérica en agotar los recursos de un año. Por ello, la solicitud de la resolución que aprobó la Cámara pide concientizar sobre la crisis climática y las consecuencias de este sobregiro.

La palabra de un testigo, sin ninguna otra prueba que permita confirmar hechos referenciales al motivo de lo acusado, si bien puede ser suficiente para una condena, exige una fundamentación objetiva y racional que supere el apoyo sobre la mera credibilidad de ese testimonio. Es necesario explicar por qué ese testimonio es creíble, o por qué no lo es la declaración de los imputados que contradicen la acusación.

Por medio de una resolución, la Cámara pidió al Ejecutivo enviar un proyecto de ley que incorpore a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, en el decreto 825, que fija la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, eximiéndolos del pago de IVA.