A los empleadores neozelandeses ya se les exige que den licencia remunerada en caso de muerte fetal después de 20 semanas o más. Esta nueva legislación ampliará el permiso a la pérdida del embarazo en cualquier momento.
La recurrente acusa que el actuar de la ANFP es ilegal y arbitrario, ya que aplica de forma desigual lo acordado por su Consejo de Presidentes, privándola de la cuota de indemnización a la que tiene derecho luego de descender de división.
La Magistratura constitucional española considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio especial, por no indicar el recurrente con claridad y precisión, la materia de derecho que solicita uniformar.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el acogimiento de la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato de transporte que vinculó a las partes.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó al municipio por falta de servicio.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por Juzgado de Letras de Colina, que solo condenó a la empresa principal.
El Tribunal condenó con costas a la empresa, tras dar por acreditadas las infracciones al registro electrónico de las condiciones pactadas con los trabajadores que prestan servicios en forma remota.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.
Para el máximo Tribunal, en este escenario fluye que la Conadi ha incurrido en una demora excesiva en la tramitación de la petición administrativa que, si bien no justifica la irrupción que ellos hicieron en el predio de la actora, obliga a que esta Corte, en pos del restablecimiento del imperio del derecho y la búsqueda de la debida protección de los afectados, disponga que a dicho procedimiento deberá dársele curso con la mayor celeridad posible.
