«la jurisprudencia se ha reconocido que en algunas circunstancias el daño causado por los delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, son de tal gravedad y sus efectos son devastadores para las víctimas más vulnerables, por lo que impedir que acudan a la justicia para buscar una reparación complementaria resulta una carga manifiestamente desproporcionada que tendrían que soportar las víctimas más vulnerables».

“al no poder vincular la actuación cuestionada y reprochada por el actor a la salida que hiciera la víctima hacia Talcahuano por la ruta Inter Portuaria y el posterior desenlace fatal, la demanda no podía prosperar, de tal suerte que las normas que consagran la responsabilidad del Estado por falta de servicio no aparecen transgredidas por el fallo y ello conduce a que el recurso en estudio deba ser desestimado”.

«la entidad estatal informa a la recurrente el no pago del bono establecido en la Ley N° 20.305 fue dictado por la autoridad competente, la cual actuó dentro de sus funciones y se encuentra debidamente fundamentado, tanto en los hecho como el derecho, razón por la cual no puede ser calificado como ilegal o arbitrario”.

El requirente estima que la aplicación en el caso sublite del precepto legal impugnado produce efectos inconstitucionales, en la medida en que se dio por válida una notificación realizada en un sitio desocupado, lo cual otorga un exorbitante privilegio procesal al Fisco, afectando diversos principios y garantías que componen el derecho al debido proceso, al tiempo que este indebido proceso perturba también el derecho de propiedad de la requirente.

La aplicación del precepto cuestionado produciría un efecto abiertamente inconstitucional, a juicio de la recurrente, debido a que presume la culpabilidad de quien se ha negado, sin causa justificada, a realizarse el examen de alcoholemia, vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia, la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal y la prohibición de discriminaciones arbitrarias.

«la acción constitucional interpuesta en autos no puede ser acogida a tramitación, por cuanto el requerimiento formulado no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 52, inciso 2°, de la LOCTC».

“dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares”

existe consenso en que “los Cores sean electos por votación popular, con voto unipersonal y que exista una verdadera representatividad según la población territorial por provincia”.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en el marco de un recurso interpuesto por el Estado de Maryland, deberá decidir si la muestra de saliva –obtenida sin autorización judicial, pero no obstante prueba principal del proceso– que permitió condenar al acusado a cadena perpetua, vulnera la cuarta enmienda de la Carta norteamericana, que, entre otras […]

“…corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal…, cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar”, constituyendo un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable.