Corresponde ahora que la iniciativa ?en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de Santiago.
El proyecto de ley crea la sociedad anónima denominada Intermediación Financiera S.A., que tendrá entre sus funciones constituir y administrar fondos de cobertura de riesgo destinados a respaldar operaciones en la banca de las pequeñas y medianas empresas.
Según la gran mayoría de los analistas de los Ministerios y especialistas que han intervenido en las audiencias de la Comisión, se requiere de una fuerza de tarea que impulse el trabajo integrado de los organismos vinculados en la gestión del recurso agua.
Así lo manifestó Vivien Villagrán ante la Comisión de Gobierno, instancia que comenzó el análisis del proyecto que regula su instalación. Una de las interrogantes del debate, fue si estos instrumentos son de azar o de destreza.
El problema se produce cuando dichas suposiciones se presentan a la ciudadanía como ciertas y transmiten la idea equivocada de que una persona es culpable, se devalúa la presunción de inocencia que pasa a convertirse en un mero formalismo innecesario en el juicio paralelo donde lo importante es el convencimiento social de que dicha persona es culpable.
Por medio de este acto, El Salvador se convierte en el sexto país en ratificar la Convención aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en junio de 2015 y cuya entrada en vigor se hizo efectiva el 11 de enero de 2017.
El organismo asegura que el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.
El máximo Tribunal descartó una infracción en el fallo que rechazó la acción y establece que la demandante no posee legitimación para reclamar la propiedad del terreno, ya que no se encuentra inscrita a su nombre sino que al de una sociedad de la que forma parte.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció que hubo una relación laboral entre el trabajador y el servicio público entre los años 2012 y 2016.
