Observa luego que existen personas que se endeudan para completar sus estudios y por el hecho de aparecer en “Dicom” o en otro boletín comercial, tendrá “dificultades para encontrar trabajo, y por ende, no logrará saldar la deuda adquirida”.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las partes de la gestión invocada, debiendo acompañar la parte requirente, dentro del mismo término, copia de los recursos de apelación y casación interpuestos en contra de la sentencia definitiva.

«En su pronunciamiento la Contraloría expuso que no se han adjuntado antecedentes de los que aparezcan que la funcionaria aludida hubiese incurrido, en la materia, en alguna conducta contraria al principio de probidad, razón por la cual el eventual conflicto de intereses que ha motivado la presentación de la especie será examinado a la luz de las normas que establecen y regulan el principio de la probidad administrativa…»

«…la garantía constitucional de libertad de trabajo y su protección que declara el artículo 19 Nº 16° de la Constitución, incluye el reconocimiento de que todo operario debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, lo que implica que pueda disponer de descanso adecuado y exista una limitación razonable de la duración del tiempo de trabajo, que le permita disfrutar de tiempo libre para compatibilizar sus obligaciones laborales con los otros aspectos de su vida».

«…en la sentencia de primera instancia agregada a los autos, se aprecia que el Juez del Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y declaró abusiva las cláusulas relativas al cobro de comisiones, fundado en diversas disposiciones de la Ley N° 19.496 y del Código Civil dentro de las cuales no se menciona el artículo 1683 de este último cuerpo normativo».

La motivación del Consejo radica en varios temas, entre ellos el incumplimiento del deber de resguardar la información, el que algunos de los datos transferidos se refieran a la salud de las personas, área calificada como sensible y que requiere de medidas de resguardo adicionales.

La gestión pendiente invocada incidía en el proceso de desafuero seguido en contra del Diputado René Alinco Bustos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en actual tramitación en la Corte Suprema por vía de apelación.

Observa luego que nuestro sistema “autoriza la tenencia de armas de fuego en un esquema regulado, lo que supone la posibilidad de acceso legítimo a la tenencia de armas de fuegos por parte de particulares”, pero que esta “tenencia difícilmente cumple con objetivos preventivos, lo cual resulta necesario considerar en la discusión de política criminal, pues resulta necesario evitar que la población utilice armamentos, que en muchos casos ni siquiera tienen la capacitación para utilizar”.

Diversas han sido las opiniones que ha suscitado este caso, como la del Diputado Jorge Sabag, el que acusó de “negligencia inexcusable” del Gobierno por no defender al Registro Civil en alegato en Tribunal Constitucional, ya que en los alegatos existió ausencia de abogados representantes del Ejecutivo.

«La Corte Suprema acogió el arbitrio procesal, luego de concluir que, dado que el ius puniendi del Estado se encuentra en el origen de la potestad sancionatoria de la administración, corresponde que ésta se sujete al principio de legalidad, concretado en el mandato de tipicidad de las infracciones y las sanciones que se impongan…»