La iniciativa surgió por el aumento de atenciones en los municipios luego de la pandemia. El texto aprobado por la Comisión de Transportes, propone que la acreditación de idoneidad física y psíquica, pueda realizarse mediante certificado otorgado por prestadores institucionales inscritos en el registro de la Superintendencia de Salud.

El acusado y otros coimputados fueron sorprendidos en la vía pública en la comuna de Lautaro, sin portar salvoconducto, y al ser controlados les fueron incautadas especies que acababan de sustraer desde una casa y un colegio cercanos.

El tribunal de primer grado consideró que el padecimiento de la demandante era un indicio de incapacidad, lo que infringió el artículo 58 de la Ley Nº16.744, que exige que tal condición sea declarada por el órgano técnico competente.

No se puede imputar pasividad a la demandante si la inactividad provino del tribunal, al pesar sobre aquel la obligación de dictar la resolución que resolviera las excepciones dilatorias interpuestas por la demandada, descartándose de esta forma las hipótesis de los artículos 153 y 153 del Código de Procedimiento Civil.

Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.

Para que no exista duda en la correcta interpretación y aplicación del procedimiento para asegurar la paridad del Consejo Constitucional.

La recurrente demandó por tutela y despido injustificado al municipio de San Javier, no obstante, no acreditó la existencia de indicios de relación laboral debido a que el vínculo entre las partes siempre estuvo reconocido como prestación de servicios al amparo del Estatuto Administrativo.

La prestación de servicios de salud con carácter domiciliario se encuentra intrínsecamente ligada al deber de garantizar el derecho fundamental a la salud a todas aquellas personas que, por sus enfermedades o sus condiciones especiales de salud, se encuentren en una situación que hace imposible o se les dificulta el acceso a los servicios de salud que requieren.

El concejal se encuentra formalizado por el delito de abuso sexual.

El recurrente invocó argumentos contradictorios en su recurso. De manera principal abogó por su inocencia fundada en las imprecisiones del relato de los testigos de la causa, pero en su petición subsidiaria solicitó que se le aplique una pena atenuada por su participación en los hechos, alegaciones contrapuestas que se anulan entre sí y privan de sustento material a su libelo.