En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $440.000.000 (cuatrocientos cuarenta millones) a familiares de la víctima.
La recurrente estimó vulnerado el derecho a la salud.
De la sola lectura del libelo entablado se desprende que el pretendido tema de derecho no es factible de contrastarse con otros dictámenes.
Se otorgó al requirente un plazo de tres días para completar antecedentes y subsanar el defecto.
La Corte de Coyhaique sostuvo en su oportunidad que en caso alguno se ha impedido ejercer la actividad económica del recurrente.
La recurrente señala que no se buscaba vulnerar un proceso legal, sino que no contaban con información certera para actuar.
El recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley.
La gestión pendiente incide en autos sobre amparo judicial de aguas, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo.
Se habría vulnerado el derecho de propiedad de su imagen y el derecho a la protección a la vida privada y a la honra en su persona.
El máximo Tribunal indicó que la sentencia recurrida es consistente con la manera en que la materia ha sido unificada por la Corte Suprema.
