El máximo Tribunal indicó que la decisión impugnada carece de una interpretación o pronunciamiento expreso sobre la materia de derecho propuesta en el recurso.
La recurrente aduce que presentó suficiente evidencia respecto a que quien aparece como actual Presidenta Electa no aparece registrada como socia en el 2014, 2015 o 2016.
El recurrente estimó vulnerado el derecho a la libertad de trabajo.
El recurrente estimó vulnerado y amenazado el derecho a la integridad física y psíquica.
El Pleno de la Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña.
La recurrente consideró vulnerado el derecho a la vida privada.
Se desconocía la posesión inscrita de que son titulares los actores sobre el predio Tablarruca.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Rosatti, quien estuvo por declarar que la totalidad de las disposiciones de la ley 27.275 rigen para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los recurrentes estimaron vulnerado el debido proceso.
La requirente estima que las disposiciones impugnadas vulneran el debido proceso.
