“era improcedente y contrario a derecho que los jueces de segundo grado rechazaran la excepciones por el sólo hecho de no haber alegado el ejecutado en la gestión preparatoria, en el mismo acto o dentro de tercero día de notificado, la falsificación material de la factura ni porque tampoco haya reclamado de la falta de entrega de la mercadería en la forma establecida en la Ley N° 19.983”, toda vez que el procedimiento para el cobro ejecutivo de la factura contempla dos fases, la gestión preparatoria y el procedimiento ejecutivo, en donde es oportuno oponer excepciones.

prohíbe el consumo de tabaco en espacios interiores o cerrados, y en “galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios”, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar. También se prohíbe fumar en pubs, restaurantes, discotecas, casinos de juego, teatros y cines, mientras que en el caso de establecimientos de salud públicos y privados y en dependencias de órganos del Estado, “se deberán habilitar, en los patios o espacios al aire libre, cuando ellos existan, lugares especiales para fumadores”.

«los diversos cambios en materia de educación, establecidos en el programa de Gobierno, se debe principalmente al significativo incremento de alumnos al sistema de educación superior y que “en los últimos treinta años pasó de contar con cerca de 119.000 alumnos a más de 1.000.000, multiplicando asimismo, en más de veinte veces la cantidad de instituciones que lo conformaban”.

«en el mes de octubre de 2012 un Tribunal de Nueva York declaró la inconstitucionalidad de esta parte de la ley, por considerarla que vulneraba la igualdad y discriminaba injustificadamente a los cónyuges del mismo sexo».

los requisitos necesarios para que prospere la acción de inaplicabilidad: a) que se acredite la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial; b) que la solicitud sea formulada por una de las partes o por el juez que conoce del asunto; c) que la aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto y sea contraria a la Constitución Política de la República; d) que la impugnación esté fundada razonablemente, y e) que se cumplan los demás requisitos legales.

«el proyecto observó que el precitado convenio constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley N° 1094, de 1975 y en el decreto supremo N° 597, de 1984, ambos del Ministerio del Interior, y encuentra su plena justificación en el interés de ambas Partes de estrechar los lazos de amistad existente entre los dos países».

“que en armonía con lo expresado la falta de servicio se configura, puesto que la Municipalidad incumplió sus obligaciones legales al no mantener una importante vía pública en condiciones de brindar un tránsito seguro para los vehículos que circulan por ella, generando un riesgo previsible y evitable con una mediana diligencia y cuidado”.

a partir de la prueba rendida en autos, “se estableció que la infraestructura levantada en la estación de trenes se hallaba prácticamente desprovista de medidas de seguridad frente a la población que vivía a su alrededor, especificando los magistrados las medidas que no habían sido cumplidas, configurándose con ello la responsabilidad de la empresa propietaria de las instalaciones”, todo lo cual permite concluir que no se ha alterado la carga de la prueba en el caso sublite.

El requirente estima, que de aplicarse los preceptos impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso. Toda vez que un ciudadano víctima de actos cometidos por agentes públicos, como lo es Carabineros de Chile, deberá someter la satisfacción de sus derechos en un proceso en un proceso ante tribunales distintos, con diversa composición y con normas procesales diversas, cual serían aquellos tribunales que componen la jurisdicción militar, contraviniendo lo ya señalado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando el caso Palamara Iribarne versus Chile.

“exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que la revisión responda a cambios efectivos y verificables de los precios de las prestaciones cubiertas por el plan”, lo cual se justifica tanto por el carácter extraordinario de la facultad de la Isapre como por la particular situación en que se encuentran los afiliados a un plan.