Observa luego que la “interpretación lógica de dicho precepto es que el Estado de Chile reconoce que la comunidad internacional” tiene la facultad de “proclamar, reconocer y proteger los derechos humanos”, no siendo ello “una materia exclusiva de la competencia interna del Estado, quedando estos aspectos al margen del principio de no intervención”.

(…) permitiendo a los “antiguos jueces del crimen” avocarse con “mayor dedicación a la terminación de las causas penales que conocen” y, de ese modo, “terminar con un antiguo sistema que no se considera ajustado a los principios y garantías que deben regir en una sociedad moderna”.

En la misma línea la senadora Alvear expresó que se fortalece la pena de inhabilidad con que se sanciona a quienes abusan sexualmente de menores y se crea una herramienta que permitirá identificar más fácilmente a los hechores de estos delitos.

(…)se ha reconocido “la necesidad de dar prioridad al derecho de proteger la salud pública, así como también la naturaleza única de los productos de tabaco y los daños que causa su consumo”, instando a los “Estados Parte a tomar medidas para proteger a los no fumadores y promover ambientes libres de humo de tabaco”.

Carta Fundamental “es hoy una circunstancia insuficiente”, ya que basta que el parlamentario “acredite una propiedad arrendada para poder ser elegido diputado, sin que ello permita acreditar un vínculo real con la región”.

“las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones que establezcan los órganos de la Administración del Estado, deben tener por objeto facilitar y promover, no entrabar, el derecho establecido en el artículo 1°, inciso final, de la Constitución Política, en relación con el artículo 5° de la misma Carta Fundamental, en orden a que las personas puedan participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

La Cámara de Diputados aprobó –con 86 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones- el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas. La iniciativa fue aprobada en los mismos términos a como fue despachada -en primer trámite constitucional- por el Senado, […]

“las Municipalidades incurren en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio”.

“la creación de la CONAF pública o Servicio Nacional Forestal responde no solo a una exigencia de modernización de la institucionalidad, sino que también a frecuentes llamados que nos ha hecho, por una parte el Tribunal Constitucional y también la Contraloría General de la República, en el sentido de que la CONAF entendida como corporación de carácter privado no puede cumplir las funciones públicas que ha ido cumpliendo, en particular las de fiscalización”.

El proyecto de acuerdo expresa que un importante número de funcionarios públicos que se jubila ve significativamente disminuidos sus ingresos porque la pensión es inferior a su remuneración, lo cual constituye un desincentivo a jubilarse en esas condiciones.