“existe un camino vecinal que está proyectado inclusive en el plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 1982, que sirvió de base y sustento de la compra de su inmueble” y que se constató “la existencia de un camino en buen estado que llega hasta el inmueble de la recurrente y una puerta de alambres con estacas, cerrada con candado”

“La decisión del Banco Estado de bloquear las cuentas a lo menos hasta la fecha del informe de fojas 22 perjudicó al recurrente, desde que se le impidió disponer de su dinero, lo que se traduce en la infracción a la garantía prevista en el numeral 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción intentada habrá de ser acogida”.

“Si bien a los recurrentes no les asiste el derecho de dominio sobre el inmueble mismo, no acontece lo mismo respecto de los enseres y ropas que existen en dicho hogar pues se ha pretendido privar a los recurrentes del goce de tales pertenencias, que es uno de los atributos de tal derecho”

“sólo pueden ser removidas por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros y por las causales de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

“la alegación de fondo del recurso –que se pagó en dos ocasiones al demandado un mismo servicio- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos pues no se ha denunciado ninguna infracción efectiva a las leyes reguladoras de la prueba que, eventualmente, habría podido otorgar facultades para ponderar las probanzas y concluir de modo diverso”.

“Han sido reiterativas en el tiempo y de carácter permanente, por lo que tampoco puede estimarse extemporáneo el recurso planteado y, en relación a lo expuesto por la recurrida que la materia alegada es de aquéllas que requieren un procedimiento de lato conocimiento, ello debe ser también desestimado por la expuesto y concluido precedentemente, sin perjuicio de otra acción o derecho que a las partes corresponda”.

el tema no puede merecer mayores dudas en nuestro Derecho Constitucional. En efecto, cuando el artículo 32 N°1° de la Constitución Política de la República refiere, como atribución especial del Presidente de la República, la de “[c]oncurrir a la formación de las leyes, sancionarlas y promulgarlas”, diferencia claramente en el proceso de elaboración de esta clase de normas, entre la función de co-legislador – que se expresa en su concurrencia a la “formación de las leyes”, a través de los instrumentos que el ordenamiento constitucional le reconoce, tales como la iniciativa de ley, las urgencias, el veto, etc. -y las funciones de sanción y promulgación. En ambos últimos casos, se trata de un ejercicio de potestad reglamentaria manifiestamente inserto en el entorno de su variable autónoma y fuera del dominio legal.

“aún subsisten una serie de situaciones que carecen de regulación”, habida consideración de que el precepto no contempla “la prohibición expresa de realizar esta conducta”, ni tampoco una certeza de la duración de la pena, la que no implica la inhabilitación para participar de la elección, en circunstancias que esta última “posee mayor poder disuasivo que la privativa de libertad”.

“al ponerlo en una situación de desigualdad respecto de los demás habitantes de este país que hayan sido condenados por sentencia penal ejecutoriada, quienes sí tendrían los derechos que le han sido desconocidos al actor”.

“procedió a construir por su cuenta un cierre en el inmueble en que se produjeron las acciones denunciadas en el recurso, en circunstancias que debió impetrar las acciones jurisdiccionales correspondientes para delimitar su predio”